Morelos parece estar acostumbrado al dolor y a la tragedia. Los corazones de muchos morelenses y de sus autoridades parecen ya estar curtidos al dolor ajeno: son tantos los casos de vidas truncadas y de injusticias que uno más ¿qué diferencia hace?
Pero fueron quince recién nacidos los que murieron por falta de asepsia en el Hospital General “José G. Parres” entre los meses de junio y julio de 2018 y, como las culpables directas fueron bacterias, nadie aprovechó estas tragedias para capitalizarlas como botín político.
Pero lo que se vive en Morelos es peor: los encargados de procurar justicia y atender a las víctimas parecen estar obstinados en echarle tierra al asunto aunque, siempre con cara de circunstancia, se dicen conmovidos y se apuntan del lado de los padres de familia que, a estas alturas, deberían estar preparando a sus hijos para la primaria, en lugar se estar en las calles protestando.
La multitragedia del Parres comenzó por descuidos y negligencia de parte de la entonces dirección del hospital que veía normal que la cisterna del nosocomio tuviera una capa de algas en la superficie, y que, sobre la losa rota que le servía de tapa, se arrumbaran desechos quirúrgicos, vehículos abandonados y hasta cajas de medicamentos. Tampoco se preocupaban de que en la sala de neonatos, las cunas, los estantes y hasta las tomas de oxígeno estuvieran llenas de polvo, o que se careciera de cloro para la limpieza.
A pesar de que las quejas y denuncias se comenzaron a originar desde 2018, fue hasta dos años después que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió una Recomendación en la que se ordenó, entre varias otras cosas, que el nosocomio cubriera los gastos de funerales, que las familias fueran inscritas en el registro estatal de víctimas y que “en un término no mayor a los 30 días” se les ofreciera a las familias una disculpa pública.
Bueno, pues recientemente la misma Comisión tuvo que emitir una segunda Recomendación porque simplemente no le hicieron caso a la primera, o no completamente: la Fiscalía General de Justicia del Estado sigue sin integrar carpetas de investigación -según los familiares la FGJE “ha permitido que el tiempo transcurra de manera negligente poniendo en riesgo, dada la prescripción de los posibles delitos de acuerdo al código penal estatal, que los probables responsables enfrenten a la justicia”- , y la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos sigue sin saber que se ordenó otorgar a las familias una compensación por violaciones a los derechos humanos, y no compensaciones subsidiarias, que son las que se dan a las víctimas de delitos una vez que se establece la culpabilidad de un delincuente, así les contestó la CEARV a las familias: “…por lo que atendiendo a lo establecido por los artículos 154, 155, 160 y demás relativos y aplicables de la ley de víctimas del estado de Morelos. Se determinó el negar el acceso a los recursos del fondo para una compensación subsidiaria hasta que no se tenga una sentencia firme determinando una certeza jurídica de la compensación subsidiaria”.
Estos hechos apuntan a responsabilidades de funcionarios que ya no están en activo, no por lo menos en los cargos que ocupaban en el 2018 y nadie puede llamarse a persecuciones políticas. Es simplemente negligencia e ineptitud, como sucedió en el Parres hace cinco años. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos vuelve a establecer plazos de 30 días, esperemos que en tres años no veamos su tercera Recomendación.
