* Luis Raúl González Pérez
Pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la importancia que tiene el trabajo que desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en la prevención y defensa de los derechos humanos. Las y los defensores civiles llevan a cabo una labor encomiable, pues son el contacto directo e inmediato con personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Las hay quienes se ocupan de niñas niños y adolescentes, de personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, igualdad de género, en contra de la violencia de género, poblaciones indígenas, internos en centros penitenciarios, personas desaparecidas, personas en contexto de migración, contra la trata de personas, derechos económicos sociales y culturales y periodistas.
Como observamos es una gama amplia de personas o grupos a los que atienden, sin embargo, muchas veces y muy lamentablemente por defender la dignidad de los demás están expuestos a descalificaciones, estigmatizaciones, agresiones verbales y peor aún agresiones físicas, inclusive en algunos casos a la pérdida de la vida.
Las y los gobernados debemos tener plena conciencia de qué contar con este tipo de organizaciones constituye un frente contra el abuso y la arbitrariedad, es decir, identificar que buscan prevenir violaciones a Derechos Humanos pero también, cuando éstas se actualizan, exigir una debida reparación del daño e impulsar políticas públicas, como garantías de no repetición. Su trabajo lo hacen desde la trinchera, es decir, realizando trabajo de campo, lo que les permite tener un panorama real de la situación por la que atraviesan las personas o grupos de atención prioritaria.
Por eso hoy quise referirme a una organización de la sociedad civil, que es Save the Children, México, quien en este año está cumpliendo 50 años de intensa labor en favor de niñas niños y adolescentes, organización que en 5 décadas ha apoyado a este sector tan importante de la sociedad mexicana, y a partir de lo que han logrado, nos hace ver que no basta que los derechos se reconozcan en las normas jurídicas, sino que la brecha entre esas normas y la realidad es enorme y que por ello se requiere de acciones y esfuerzos de todos los sectores; público social y privado para hacer vigentes los derechos, y en el tema a que se ocupan buscar hacer efectivo el principio del interés superior de la niñez.
Save the Children, por ejemplo, actualmente desarrolla, entre otros, programas de atención, para promover y apoyar la protección integral de niñas y niños que forman parte de familias migrantes, jornaleros agrícolas en el Estado de Sinaloa, ante condiciones de vida sumamente precarias y viviendo en cuarterías, hacinados, sin higiene básica, permaneciendo muchas horas solos o al cuidado de otros niños, sin mecanismos de atención educativa, nutricional y de salud, identificando Save the Children, incluso temas de desnutrición.
Save the Children ha desarrollado acciones de atención humanitaria bajo un enfoque integral, hasta el límite de los recursos logrados para seguridad alimentaria para niñas y niños de 0 a 12 años; espacios de protección para niñas y niños de 0 a 5 años atendidos por personal de la propia organización y mujeres de las propias comunidades, así como impulsando el desarrollo de la primera infancia mediante herramientas lúdicas y educativas. Se ha vinculado con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para instalar aulas temporales y con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el acceso al sistema educativo formal.
Así mismo, campañas comunitarias para el lavado de manos e higiene personal, así como con los insumos de acceso para llevarlas a cabo, gestiones con las diversas autoridades para adecuar la infraestructura en los espacios para higiene y saneamiento y captación de agua en comedores, así como los espacios educativos y se ha constituido como gestora con las distintas instancias locales de esa entidad federativa a quienes presentaron una propuesta denominándola: “Programa Especial para la Protección Integral a Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas”, que contiene temas como inspección laboral, de normatividad sanitaria y de protección civil; Trabajo digno y seguro; Habitabilidad; Acceso a Salud y Educación ; Protección; Relación con productores agrícolas; Sensibilización a la sociedad; Transferencias monetarias vinculadas a la educación y los espacios de protección.
Lo expuesto es un botón de muestra de lo que la sociedad civil organizada contribuye en la solución de grandes problemas que enfrentan los derechos humanos y que obligaría a las distintas autoridades federales, estatales y municipales a colaborar con ellas, apoyarlas e impulsar su trabajo, reconocerlas como aliadas, aceptar sus sugerencias pero también sus críticas, pues desarrollan tareas y obligaciones del propio estado, por el contrario, desdeñarlas, estigmatizarlas, invisibilizarlas abona a la desconfianza de los gobiernos y al deterioro de la vida democrática.
*especialista en Derechos Humanos
