Angélica Estrada
La reciente aprobación en el Congreso local de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con la que se garantiza el haber de retiro y jubilaciones vitalicias a magistradas y magistrados generará un gasto de 30 millones de pesos al año, de acuerdo con un análisis que hace el Centro de Investigaciones “Morelos Rinde Cuentas”.
Sin embargo, dicho organismo considera que la problemática en este asunto, más allá de ser económica, es de carácter político-partidista y con lo cual los diputados buscan beneficiarse e incluso repartirse, a través de familiares o cercanos, las magistraturas que quedarán acéfalas.
“Avalar y adelantar pensiones del Tribunal Superior de Justicia, podría costar 30 millones anuales, pero, el mayor daño será en el reparto de magistraturas que hará el Congreso local, pues se repartirán de manera discrecional las magistraturas y la justicia seguirá tomada por intereses partidistas”, refieren representantes de Morelos Rinde Cuentas.
Aun se puede impedir la reforma
A través del rechazo de alcaldes y regidores, al momento de pasar a su votación en el constituyente, esta reforma puede “echarse abajo”.
El Ejecutivo local, también puede vetarla, a fin de no contravenir la Constitución federal, ya que los haberes de retiro no se encuentran como figura de ley o decreto, y significan excesivos gastos.
Otra vía es que la Comisión de los Derechos Humanos y partidos políticos, tramiten un recurso de inconstitucionalidad a fin de rechazarla.
