Gabriela Mendizábal Bermúdez* y José Anuar González Cianci Pérez**
Las pensiones por vejez buscan proporcionar protección económica a las personas mayores que ya no pueden trabajar. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de ingresos durante la jubilación, a través de “pagos periódicos”.
Las pensiones se basan en un sistema de cotizaciones (pagos de una cuota), en el que los trabajadores realizan aportaciones regulares a un fondo de pensiones, mediante descuentos a sus salarios. En un sistema de gestión privatizada con capitalización individual-como la del IMSS y el ISSSTE- estas cotizaciones se invierten y generan rendimientos en el tiempo, permitiendo acceder a una pensión una vez que se alcanza la edad de jubilación y se cumplen requisitos legales.
A nivel global, los sistemas de pensiones varían entre países y regiones. Algunos países tienen sistemas de reparto, en los que las trabajadoras y trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales, mientras que otros tienen sistemas de capitalización individual. Los parámetros de edad de jubilación, requisitos y nivel de beneficios también difieren en cada sistema.
Según datos de las Naciones Unidas, en el año 2021, se estima que había aproximadamente 761 millones de personas en todo el mundo que tenían 65 años o más. Se proyecta que esta cifra aumentará a alrededor de 1600 millones para el año 2050. Además, se observa un crecimiento aún más acelerado en el número de personas mayores de 80 años. En el Informe Social Mundial 2023, la organización advierte que “Uno de los principales retos es mantener la sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los ingresos de todas las personas mayores, incluidos los trabajadores del sector informal”. Es ineludible tomar medidas concretas para ayudar a la población mundial envejecida.
Diferentes tratados y convenciones internacionales, desde la década de los 30, han reconocido el derecho fundamental a la pensión. Entre ellos destacan el Convenio 102 de la OIT de 1955, que establece normas mínimas de seguridad social, y el Convenio 128 de 1967, que aborda pensiones y jubilaciones.
En México, en 2020, se han implementado reformas constitucionales y legales, estas últimas, para disminuir las semanas de cotización al IMSS en la obtención de una pensión. Por otro lado, se ha elevado a rango constitucional las pensiones no contributivas para adultos mayores (entre otros beneficios asistenciales), lo que resulta acorde con la Recomendación 202 de la OIT de 2012.
Según datos de CONEVAL, en 2020, 8.7 millones de personas mayores de 65 años en México recibieron pensiones, ya sea contributivas, no contributivas o ambas, lo que equivale al 73% de este grupo poblacional.
En Morelos, los trabajadores formales tienen derecho a recibir prestaciones por vejez en el IMSS y en el ISSSTE; sin embargo, las pensiones para personas servidoras públicas se encuentran en una situación crítica debido a la falta de fondos para su pago. Esta crisis ha generado convulsión, ya que los fondos provienen únicamente del erario. Es decir, la mayoría de las personas servidoras públicas no cotizan al IMSS o ISSSTE para obtener una pensión, sino solo lo hace un grupo muy pequeño que, dicho sea de paso, puede acceder a ambas pensiones, una proporcionada por el Congreso estatal o un Ayuntamiento, y otra por parte de alguno de dichos institutos (hecho reconocido por la SCJN). Además, el actual mecanismo de obtención de pensiones permite que personas jóvenes accedan a este beneficio al no preverse una edad mínima para el cobro de una pensión (solo se deben haber trabajado 18 años [mujeres] o 20 años [hombres] para el gobierno estatal o municipal y poder obtener una tasa de reemplazo equivalente al 50% del salario como activo), lo cual incrementa de manera injusta la carga presupuestaria y desvirtúa el propósito original de las pensiones. Para hacer frente a estos desafíos, es necesario llevar a cabo una reforma integral del sistema de pensiones. Esto implica imponer contribuciones tanto a las y lostrabajadores, como al Estado-Patrón, realizar cambios paramétricos en los requisitos de edad y años de servicio, establecer un fondo de pensiones y fomentar la transparencia en su administración a través de un ente autónomo.
La situación de las pensiones puede variar a nivel nacional y estatal. Algunos países y estados tienen sistemas sólidos y sostenibles, con alta cobertura y beneficios adecuados. Sin embargo, en otros lugares existen desafíos significativos, como déficits de financiamiento, falta de cobertura universal o sistemas desactualizados, como en el Estado de Morelos. Es importante, entre otras medidas: promover la educación financiera y la planificación de la jubilación.
* Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM.
** Doctorando en Derecho y Globalización por la FDYCS de la UAEM.
