En numerosas ocasiones se ha señalado la pobreza de México y la necesidad de que los funcionarios públicos sean ejemplo de austeridad y mesura en sus gastos. El actual gobierno federal lleva a cabo una cruzada en ese sentido, pero en ocasiones el mensaje no llega a todos.El famoso Haber de Retiro y los retiros anticipados que se contemplaban en el decreto aprobado por el Congreso estatal el pasado 7 de junio a favor del Poder Judicial local, parecía ir en contrasentido de esa austeridad y mesura impulsada desde las altas esferas de la política nacional.No es que fueran injustas -aunque sobre esto hay diversas opiniones- sino que van a contrapelo de una política federal que, por cierto, mantiene en pugna a los Poderes Ejecutivo y Judicial federales.Ese decreto, que llevaba en preparación largos meses, desde el año pasado, y finalmente se aprobó con el apoyo del G-15 de la Cámara, fue cabildeado personalmente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea.Gamboa insistía en la necesidad de “armonizar” la ley local con la federal, que les garantiza a los magistrados el derecho de gozar de una jubilación en lugar de un finiquito, como actualmente sucede. “El tema del Haber de Retiro, no es exclusivo del estado de Morelos, sino que es una garantía constitucional al retiro laboral que tienen muchos poderes del país, hay jurisprudencia ya emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentaba el magistrado presidente, quien también recordaba que los integrantes del Poder Judicial, al no ser electos por el voto ciudadano, deben ser considerados trabajadores del Estado y gozar de las prestaciones que estos reciben.Desde luego, cabe recordar que los trabajadores al servicio del Estado reciben una jubilación correspondiente a una fracción de su salario base y la obtienen hasta cumplir varias décadas de servicio comprobables. Y los magistrados tienen un periodo, marcado por la ley, de 14 años.En el decreto de las pensiones doradas, como se le comenzó a llamar, establecían una jubilación del 100 por ciento del salario -un promedio de los últimos sueldos, más la antigüedad acumulada durante la trayectoria judicial, diría el magistrado presidente-, serían hereditarias -como las del ISSSTE, que continúan beneficiando a los deudos directos del asegurado, a la pareja de por vida y a los hijos menores hasta su mayoría de edad.En este sentido, aunque suena razonable, la iniciativa convertía a los magistrados en trabajadores del estado sumamente privilegiados: no necesitan trabajar cuatro décadas y recibirían su salario íntegro de por vida después de su jubilación. Además, los magistrados tenían la libertad de calcular sus propias pensiones, lo que ciertamente no puede hacer cualquier burócrata.Desde luego, lo anterior comenzó a encender alarmas y se calculaba que, tan solo en los primeros años, se requerirían entre 40 y 60 millones de pesos anuales para pagar las pensiones, cifra que, con el tiempo, se incrementaría paulatinamente, dependiendo de la longevidad de los jubilados o sus viudas.Pero además, el decreto establecía la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios, lo que fue considerado por algunos como la oportunidad de nombrar muchos nuevos magistrados, ante la nada remota posibilidad de que algunos en funciones y con algunos años por delante para cumplir su término de ley, decidieran colgar la toga para irse a gozar de su salario completo a hacer casi cualquier otra cosaSin embargo, el decreto entra en una pausa porque el Poder Ejecutivo decidió vetarlo, como informó el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, porque se consideró que carecía de motivación y fundamentación adecuada.El “veto” no es una prohibición, sino la manifestación de que hay algún desacuerdo, por lo que el Congreso podría subsanar los puntos que no le parezcan al Ejecutivo, y presentarlo de nuevo.Mientras tanto, los magistrados podrían poner el ejemplo al resto de los trabajadores del estado y trabajar más arduamente para demostrar que son merecedores de una jubilación como la que quieren.
