Hay frases e ideas que suenan bien y que todo mundo desea tener la oportunidad de utilizar en algún momento, pero cuyo uso indiscriminado las hace perder su verdadero significado para convertirse en tristes lugares comunes que ya a nadie le dicen nada.
El famoso “Imperio de la Ley” y el no menos sobado “Estado de Derecho”, son algunos de esos conceptos que pueden llenar discursos enteros pero que la realidad termina por vaciarlos de simbolismo.
El principio del Imperio de la Ley supuestamente garantiza la protección de los derechos individuales, promueve la igualdad ante la ley y establece un marco de seguridad y estabilidad en una sociedad. Además, implica que los tribunales y el sistema de justicia son independientes y actúan como garantes de la aplicación justa de la ley, resolviendo conflictos y protegiendo los derechos de todoslos ciudadanos.
Por su parte, el Estado de Derecho implica que ninguna persona, incluidos los funcionarios públicos y los gobernantes, está por encima de la ley. Todos están sujetos a las mismas normas y regulaciones legales y deben acatarlas. Además, el Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, lo que significa que todos los individuos tienen los mismos derechos y protecciones legales sin discriminación.
Son ideales que parecen sinónimos, pero no lo son, en pocas palabras, el “imperio” se refiere a que la ley debe imperar, mientras que el “estado” se refiere a una forma de hacer las cosas, que incluye, por ejemplo la supremacía de la ley, la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.
Todo lo anterior viene a cuento porque ayer la policía detuvo al periodista deportivo Samuel Vidal; lo importante de este hecho, más allá de las razones, está el “cómo”, pues su familia se queja de que no hubo orden de aprehensión, que los agentes allanaron el domicilio, que fue incomunicado y que, entre las razones que horas después esgrimieron las autoridades como la razón de la detención fue, precisamente, que se había resistido a su arresto y que, durante el hecho, injurió a una funcionaria. Es decir, que si no lo hubieran arrestado, no habría motivos para el arresto.
Por otro lado, en Puebla, la policía detuvo a Alejandro Torres Chocolat, uno de los opositores al Proyecto Integral Morelos, en el que se incluye la termoeléctrica de Huexca.Aunque en esta ocasión sí había una orden de aprehensión por obstruir vías de comunicación en una de tantas protestas, también había una petición de “indulto” por parte del Presidente de la República.
Sin embargo, no todo está perdido: en el municipio de Emiliano Zapata un juez liberó, tras un par de días de detención, a dos personas que fueron arrestadas en su domicilio durante un cateo, como en el caso de Samuel Vidal, se les adjudicó el delito de resistencia de particulares. Afortunadamente, el juez no creyó la versión oficial de que los detenidos portaban pistolas y armas largas cuando el domicilio era cateado, ni que usaron las armas para agredir a los oficiales… a golpes. En este caso, no solo imperó la ley sino también el sentido común.
Deberíamos rescatar del olvido el verdadero significado de los conceptos que usamos en la vida pública porque, alparecer en México y, desde luego en nuestro estado, en la actualidad los funcionarios y políticos nos deben una explicación de lo que entienden por esos conceptos tan trillados que tanto les gusta usar.
