José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Sin derechos laborales no hay derechos humanos para la clase trabajadora. Actualmente hay más de 21 millones de trabajadoras y trabajadores que integran la fuerza laboral con empleo formal en México y generan lo fundamental del Producto Interno Bruto del país, por lo que su situación es fundamental frente a las políticas que se aplican por parte del gobierno de López Obrador a 5 años de haber tomado las riendas del gobierno. Este dato ofrecido por el gobierno, es necesario contrastarlo con los 57.7 millones de personas que tienen más de 15 años y forman parte de la Población Económicamente Activa. De este total, el 60.7% fueron hombres y 39.3% mujeres, 33.9 millones de trabajadores y 21.4 millones de trabajadoras respectivamente. El sector servicios concentra 23.6 millones (42.9% del total). Comercio 10.6 millones (19.3%). Industria manufacturera 9.1 millones de personas trabajadoras (16.4%) y actividades agropecuarias 6.7 millones de trabajadores y trabajadoras correspondiente al 12.2%. Construcción 4.3 millones y 377 mil en la minería, electricidad y agua.
Por todo ello, es importante destacar el dato de que son más de 31 millones de personas que tienen un empleo en la economía informal (56%) lo que significa que no cuentan con seguridad social ni condiciones laborales mínimas de “trabajo decente” como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, sin prestaciones sociales ni vacaciones, ni contratos colectivos. Más de 2 millones se encuentran en el desempleo.
Según la Encuesta Nacional de Empleo el 61% de la fuerza laboral ocupada en el país no cuenta con acceso a seguro médico y el 34% no tienen prestaciones laborales. Y si bien se han dado incrementos al salario mínimo como no ocurría en gobiernos anteriores, aún el 25% de la fuerza laboral ocupada percibe un sueldo de 4 mil 300 pesos mensuales, muy lejano a los 16 mil que señala el gobierno actual.
La política redistributiva del gobierno significa que cerca de 30 millones de hogares cuenten con algún programa social, lo que no es menor dado el anterior panorama. Sin embargo, también es necesario señalar que las condiciones de pobreza de la mayoría de quienes apenas sobreviven no se ha modificado sustancialmente. En tanto que las ganancias de sectores capitalistas ligados a las transnacionales han obtenido beneficios extraordinarios.
Si bien la reforma laboral ha establecido nuevos criterios para garantizar que quienes tienen contratos colectivos conozcan sus derechos mediante mecanismos participativos, también es cierto que hasta el momento la inmensa mayoría de los contratos colectivos no han sido ratificados y se generan dudas e incertidumbre sobre su aplicación en la práctica.
Las luchas de la clase trabajadora por lograr su independencia y autonomía frente a los capitalistas y al Estado no han dejado de crecer durante éstos 5 años.
Existen ejemplos importantes, como en la fábrica de Saint Gobain establecida en Cuautla, donde se ha consolidado el sindicato independiente. Pero también hay casos como el del SUTNOTIMEX, que muestran la cerrazón del gobierno para resolver una huelga que ha durado ya más de tres años. Y qué decir de los 13 años que han resistido los más de 16 mil trabajadores electricistas del SME que no han sido reinstalados a pesar de las mesas de trabajo que se han establecido con el gobierno para ello.
Un caso relevante en Morelos en este momento es el del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Al pretender desaparecer las funciones de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos del IMTA, se pretende amputar el brazo científico-tecnológico del sector hídrico.
El presupuesto anual del IMTA en promedio es de 210 millones de pesos, mientras que para la Conagua en el PEF 2022 se le asignaron más de 70 mil millones de pesos. Por otra parte, el IMTA, como organismo público descentralizado (OPD) tiene personalidad jurídica e ingresos propios, que durante los 36 años de trayectoria logró un monto de ingresos autogenerados de 300 millones de pesos en un fideicomiso legalmente constituido y administrado acorde a la Ley de Ciencia y Tecnología, el cual en el 2020 se destinó al “Tren Maya”.
El IMTA como OPD pertenece al apartado A del artículo 123 Constitucional y la Conagua como Organismo Desconcentrado pertenece al apartado B del artículo 123 Constitucional, la extinción e incorporación del IMTA a la Conagua es una flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, los convenios 87 y 98 de la OIT y el Contrato Colectivo de Trabajo del IMTA, recientemente legitimado.
Extinguir e incorporar al IMTA a la Conagua representa abrir la puerta a la privatización del agua. Por ello es que los trabajadores del sector hídrico han solicitado que López Obrador cumpla con lo que ha manifestado reiteradamente de que escuche a los trabajadores del conocimiento del sector hídrico. “Los sindicatos y sus contratos colectivos de trabajo son sagrados”, señalan y exigen respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo y al Sindicato del IMTA.
Sin derechos laborales no hay derechos humanos. Sin contratación colectiva no hay fuerza para exigir que los patrones capitalistas respeten a la clase trabajadora.
