Gustavo Yitzaack Garibay L.
Hace once años Cultura 33+3 inició un arduo proceso para la creación de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Morelos, la primera iniciativa elaborada y consultada desde la ciudadanía, incluyendo la participación de las comunidades que dieron lugar a los municipios indígenas, algo sin precedentes en la historia de la legislación cultural en México.
La iniciativa es la concreción después de cuatro foros regionales (2012), un seminario sobre legislación cultural (2013), el compromiso de la comisión de redacción (personas dedicadas a la gestión cultural, las artes, la antropología, la historia, las ciencias políticas, la crónica, las leyes y las ciencias de la comunicación. 32 consultas públicas en municipios (2013-2014), en donde participaron 92 grupos y organizaciones de más de mil doscientas personas gestoras, promotores, artistas, artesanas, y personas involucradas en la cultura y las artes de Morelos, múltiples revisiones del documento rector (2015-2021).
La viabilidad jurídica se debe gracias a diversos especialistas que generosamente apoyaron en la redacción y revisión, entregas a tres legislaturas (2015-2021), diálogo con dos secretarias de cultura y un secretario de gobierno, dos ingresos formales al pleno del Congreso (2021), e innumerables asambleas estatales, reuniones de trabajo y cabildeos presenciales y virtuales.
A pesar de todo ello, la Legislatura LV, la misma que la aprobó el 8 de diciembre de 2021, junto con el Ejecutivo, en medio de sus disputas políticas, mantienen la ley aprobada en un veto parcial (en la congeladora), pues a casi dos años de su aprobación, no se han solventado las observaciones de una y otra parte para que entre en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
Contra la desigualdad cultural que priva en los municipios de Morelos, la lucha que ha dado legitimidad a C33+3 se sostiene en la necesidad de que la Secretaría de Turismo y Cultura cuente con un marco normativo idóneo y personal competente para el diseño de políticas públicas estatales incluyentes y de equidad presupuestal, que contribuyan a la descentralización de los bienes y servicios culturales, y al desarrollo cultural del Estado, garantizando los derechos culturales de la población.
El movimiento Cultura 33+3 comenzó como una lucha por la visibilización del sector cultural en la que les agentes culturales fueran reconocides como protagonistas de cambio para las comunidades, desde sus distintos ámbitos, al igual que quienes se dedican al magisterio, a la producción agrícola o a la ciencia. Eran los años que anunciaban una gradual reforma cultural de instituciones, leyes, presupuestos y cambios de paradigma.
El movimiento formuló una insólita, desafiante y creativa agenda política que lo mismo ha cuestionado el despilfarro de recursos, que los criterios en el nombramiento de las titulares de la secretaría, que sus esquemas y lógicas en la toma de decisiones y visión institucional. Una de las batallas que C-33 asumió desde un principio es la defensa del patrimonio biocultural (esa simbiosis irreductible de lo material y lo inmaterial) frente al modelo de desarrollo extractivista y especulativo que aún persiste.
Hay que insistir que Morelos no es Cuernavaca, así como las cabeceras no son los municipios. La complejidad de esta región suriana está constituida por su relación con la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y el Estado de México, a partir de una historia compartida, algo que desafortunadamente desconocen servidores públicos y los llamados representantes, incluidos alcaldes y legisladores.
De cuna absolutamente ciudadana, la iniciativa aprobada en diciembre de 2021 pasó por una previa intentona de cuchareadas, mutilaciones, e incluso la gestión y el cabildeo se ha enfrentado al oportunismo político de diversos personajes que han intentado denostar sin rigor crítico ni conocimiento una lucha social inédita en Morelos que enarbola a la cultura como factor de cambio, eso no es poca cosa, y menos ante la catástrofe social, económica, política y cultural por la que atravesamos.
La actual legislatura y la administración estatal de turno tienen una gran oportunidad para saldar la deuda del Estado con los derechos culturales de la población. En ningún lugar de Morelos hay ciudadanía de segunda.
Cultura 33 abrió un camino irreversible de encuentro, análisis, crítica y diálogo entre el sector cultural y las autoridades.
Insisto, si no es cultural, no es transformación. El bienestar también es cultural. ¡Será ley!
