Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno, informó que por fin se ha pensado en coordinar los esfuerzos de Morelos con la Ciudad de México y la Federación para enfrentar juntos un problema compartido: la tala ilegal de los bosques.
Según el funcionario, gracias a “trabajos de inteligencia” se han podido definir varios objetivos específicos con los que planean, primero, atacar a las varias células de talamontes que se han identificado y, segundo, resguardar la zona entre Topilejo, en la Ciudad de México y Huitzilac, en Morelos, para lo cual las fuerzas del orden estatales tendrán el respaldo de la Guardia Nacional y el propio Ejército Mexicano.
Gracias a estos esfuerzos, hace un par de días fueron descubiertos dos aserraderos clandestinos cerca de la carretera federal México-Cuernavaca, en la colonia Cristo Rey del poblado Tres Marías. En este operativo orquestado por la Guardia Nacional y el Ejército, y en el que participaron 500 efectivos, se logró incautar además de múltiples herramientas y vehículos, más de mil metros cúbicos de madera. Sin embargo, como en otros operativos por el estilo, no hubo detenidos.
Como ya hemos comentado varias veces en este espacio, la tala clandestina es una actividad altamente perniciosa para la vida no solo de las especies animales y vegetales que habitan en el bosque, sino para todos los que dependemos del bosque de agua y los mantos acuíferos que alimenta. Es un genuino cáncer que se ha extendido tanto en Morelos como en la capital del país.
Se calcula que tan solo en la zona entre Topilejo y Tres Marías se talan 100 árboles diarios, lo que ya ha deforestado por lo menos una zona equivalente a cuatro veces el bosque de Chapultepec.
Dos factores externos han impulsado la tala ilegal: la pandemia y el combate al huachicol. La primera porque esta actividad se pudo realizar con aún más impunidad y, el segundo, porque al cerrarse los ductos de gasolina, prácticamente todos los huachicoleros optaron por la tala. Es decir, estamos mucho peor que hace algunos años, con el agravante de que ahora los talamontes están más organizados, cuentan con sofisticados equipos de comunicación y armas largas, por eso han claudicado la mayor parte de los brigadistas comunitarios, organizados en rondines de dos o tres vecinos desarmados y que, cuando bien les va, reciben una paga simbólica.
Además, los brigadistas han encontrado que siempre que reportan actividad ilegal, las autoridades alegan jurisdicciones o imposibilidades legales para actuar; muchos de los aserraderos ilegales funcionan en propiedades privadas, por ejemplo.
Y, desde luego está la corrupción que ata con billetes las manos de quienes deberían cuidar los bosques. Hace algunos meses se reportó que en un enfrentamiento en donde hirieron a un brigadista llegó “una patrulla del estado de Morelos” pero para respaldar a los talamontes.
No se puede insistir lo suficiente en que los bosques son algo mucho más importante que mera escenografía y que cumplen un papel vital para la población, por eso nos congratulamos que haya una iniciativa compartida que coordine esfuerzos más sólidos que los tímidos empeños de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que, en cuatro años, sólo ha autorizado 42 operativos. Esperemos que tengan un éxito consistente y frecuente, porque nos urge comenzar a reforestar.
