Luis Raúl González Pérez*
Como apuntamos en un artículo anterior, la desigualdad y la discriminación perviven en nuestro país y sustentamos la afirmación en datos obtenidos tanto del CONEVAL en cuánto a la pobreza relacionada con la desigualdad, y de la encuesta ENADIS 2022 que dio a conocer el INEGI, en cuanto a la discriminación de personas históricamente excluidas y cuya información no deja lugar a dudas.
Con base en la riqueza de información de la encuesta de ENADIS 2022 podemos señalar que la prevalencia de experiencias de discriminación se incrementó respecto de diversos sectores poblacionales: tratándose de personas indígenas pasó del 25.3% en 2017 a 28%; preocupante resulta el caso de personas con discapacidad al llegar al 33.8%, cuando en 2017 se reportó el 24.6%; el caso de los jóvenes también llama la atención que creció de 21.4% a 28.5%, en tanto la población de mujeres llegó a 24.8% habiendo estado 5 años atrás en 20.4%.
Otros sectores que, si bien no tienen antecedentes de medición en la encuesta ENADIS 2017, reflejan porcentajes que muestran lo arraigado de la discriminación en 2022, son las personas afrodescendientes, que identifican estas experiencias discriminatorias en un 35.6%, migrantes 28.8%; el rubro de diversidad sexual y género tuvo el porcentaje más alto en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad con una cifra del 37.3%. De esta manera, la media nacional en 2017 en materia de discriminación era del 20.2% creciendo un 3.5% en 2022 para colocarse en 23.7%. También se puede desprender que -lamentablemente- las mujeres siguen teniendo un índice mayor de discriminación respecto de los hombres, pues en 2017 el porcentaje era de 20.2% en hombres y 20.1% en mujeres, siendo el caso que en la última encuesta llegó a 22.8% y 24.5%, respectivamente, reflejándose la visión misógina subsistente.
Los Estados de la República se identificaron en cuatro bloques de mayor a menor prevalencia de experiencias de discriminación. En el más alto lo fueron Yucatán, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. Por otro lado, los Estados en menor rango, cuarto bloque, fueron Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chiapas y Campeche. El Estado de Morelos se ubicó en el segundo bloque con un 23.7%.
Los datos anteriores muestran que, en México, como insistentemente hemos comentado, la brecha entre los derechos reconocidos y su ejercicio pleno está alejado para este grupo de personas que históricamente han sufrido discriminación, pues sus efectos también se recienten de manera estructural en diversos derechos humanos como el de educación, en el ámbito laboral, de salud, de vivienda, pues el acceso a los mismos es casi nulo tratándose, por ejemplo, de personas en contexto de migración.
El flagelo de la discriminación como hemos señalado requiere que el Estado Constitucional Democrático se fortalezca, que los postulados de Constitución dejen de ser para muchos sectores de la población meros enunciados normativos, que se pase de la retórica discursiva de promesas al respeto y cumplimiento efectivo de los derechos humanos, que se entienda lo previsto en el artículo 3º constitucional, fracción II, inciso a) de que la democracia no solamente debe de ser vista como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo.
Los gobiernos federal, estatal y municipal deben asumir su obligación de reducir la brecha de la desigualdad combatiendo la pobreza, que es el primero de los compromisos de la agenda 2030 suscrita en 2015 por los Estados Nacionales. Deben avocarse a eliminar la discriminación prevalente en el país en estos sectores de la población a partir de políticas públicas pertinentes, que pongan en el centro de atención al ser humano a partir de un enfoque diferencial y especializado de acuerdo con las necesidades propias de cada sector de atención prioritaria.
También se debe fortalecer una cultura por el respeto de la dignidad de todas, todos y todes, en donde la sociedad tiene que introyectar el principio de que respetar a los demás es respetarse a uno mismo, que la única intolerancia plausible debe ser con la discriminación. No podemos permanecer indiferentes ante prejuicios, estigmas sociales y estereotipos reprobables que todavía muchas personas mantienen, según la Encuesta ENADIS, hacia este grupo de personas, utilizando equivocadamente expresiones como las siguientes: “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables”, “los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza”, “las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”, “las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres” o “las personas mayores generalmente son una carga para su familia”.
Preguntémonos que podemos hacer para construir una sociedad más igualitaria y menos discriminatoria y contribuyamos a erradicar el flagelo de la discriminación.
* Especialista en Derechos Humanos
