Estrella Pedroza
Por descontento social deben cancelarse las “pensiones doradas” o pensiones por retiro voluntario de las magistradas y magistrados de los tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos, sostuvo el Senador por Morelos, Sergio Pérez Flores, tras pronunciarse a favor del doble veto que el Ejecutivo de Morelos realizó a la reforma.
Como se recordará, recientemente el Congreso de Morelos votó las llamadas “pensiones doradas” para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que fue aprobado por mayoría. Sin embargo, este lunes, por segunda ocasión, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ejerció su poder de veto por considerar se privilegia sólo a un sector.
Ante ello, el senador por Morena informó que en distintos espacios ha podido escuchar a presidentes y representantes de diversas organizaciones de abogados quienes han expresado su desacuerdo con las pretensiones de diputadas y diputados que integran el llamado G15 de destinar un gran número de recursos a las y los impartidores de justicia en lugar de etiquetarlos a rubros como salud, campo, educación y seguridad pública.
“En asambleas informativas que he participado en diferentes lugares de la entidad, las y los ciudadanos me han expresado su descontento y rechazo total ante la persistencia del grupo mayoritario de 15 diputados por beneficiar a las magistradas y magistrados con elevadas pensiones económicas sin contar con la antigüedad correspondiente, las cuales incluso podrán ser heredadas a sus hijos”, destacó.
Por lo anterior, expresó su apoyo y respaldo para el gobernador y la determinación de impedir que el erario se vea desfalcado con las citadas pensiones.
En este contexto, se apresuró a hacer un llamado a las y los diputados locales a impulsar la renovación de diversos cargos de magistradas y magistrados, y evitar “arreglos en lo oscurito”.
“Es importante que la selección de los impartidores de justicia se realice con absoluta transparencia, a través de una gran convocatoria abierta, con requisitos claros y amplios para evitar que sean otros métodos -por debajo de la mesa o con arreglos económicos- los que prevalezcan sobre la designación de las y los mejores abogados para ocupar las Magistraturas vacantes».
