En el pasado mes de mayo, en su primer informe de labores, el titular del Poder Judicial en nuestro estado, Luis Jorge Gamboa Olea aseguró que “la independencia del Poder Judicial y sus Magistrados es un pilar fundamental para tener la Nueva Justicia que espera y reclama el pueblo”.
Pasaron pocas semanas para que uno de esos magistrados lo desmintiera e interpusiera una denuncia en su contra por haberlo presionado para que cambiara el sentido de su voto en por lo menos un par de ocasiones. Al parecer, el Magistrado Presidente en persona podría haber atentado contra ese “pilar fundamental” al que hacía referencia.
El magistrado, ahora en muy reciente retiro, Carlos Iván Arenas Ángeles -con 30 años de servicio, Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del estado y a quien el Consejo Estatal de Abogados de Morelos lo reconociera hace apenas una semana por su “línea de conducta intachable y ejemplar a favor de los morelenses”- denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a Gamboa Olea por haber intentado orientar el sentido de su voto.
En la mayoría de los sistemas legales, el delito de presionar a un juez para que cambie el sentido de su sentencia se consideraría una forma de corrupción judicial o interferencia en el proceso judicial. Estos actos son graves y pueden socavar la imparcialidad y la integridad de todo el sistema de justicia; se trata de una violación de la independencia judicial y puede ser castigado con sanciones legales significativas.
Aún es peor que tales presiones se originaran al interior del propio Tribunal Superior de Justicia y, supuestamente, por no otro que el propio Magistrado Presidente, quien formalmente debería ser el principal interesado en salvaguardar la imparcialidad de los jueces.
No importa la trascendencia de los casos en los que hubiera intentado influir o el nombre de los funcionarios a los que el Magistrado Presidente habría intentado cubrir las espaldas -o descubrírselas, pues no sabemos en qué sentido intentó influir en las decisiones de Arenas Ángeles-, lo lamentable es el hecho, que se suma a una serie de críticas recientes en contra de Gamboa Olea.
Hace pocos días el Magistrado Presidente aseguró que era víctima de una campaña de desprestigio por cierto escándalo que se difundió principalmente en las redes sociales, pero ahora le será muy difícil utilizar el mismo argumento para señalamientos que ya no son anónimos y que ponen en entredicho su imparcialidad como profesional del derecho y como magistrado, y no su conducta personal y privada.
Como ya muchos han señalado, la impunidad o la interpretación de las leyes a modo son lastres que propician una serie de irregularidades que desembocan en los niveles de criminalidad que padecemos todos. Por eso es que hoy, más que nunca, se necesitan jueces que mantengan su independencia y no se vean influenciados por presiones externas para que, libremente, puedan tomar decisiones imparciales y justas. La confianza en el sistema de justicia es fundamental para el estado de derecho y para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad.
Así de grave es el nuevo caso en el que se ve involucrado el Magistrado Presidente cuando apenas lleva poco más de un año en el cargo y, desde luego, se necesita una investigación exhaustiva y que se asuman las responsabilidades a que haya lugar. Este no es, ni de lejos, un nuevo escándalo de redes sociales y en efecto, como dijo Gamboa, el pueblo espera y demanda una nueva justicia.
