José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
La libertad de expresión es defender el derecho de quienes piensan diferente a ser escuchadas sin ser perseguidas o reprimidas por el Estado. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece claramente que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En México el artículo 6 de la Constitución Federal a su vez señala que: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.”
Informar lo que ocurre en la realidad en México y en el mundo no debería significar poner en riesgo la vida, la libertad o la integridad física de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, cada vez existen mayores riesgos y peligros para quienes realizamos dicha labor. La voz de Samir Flores Soberanes que se escuchaba desde la radio comunitaria de Amiltzinko, fue acallada arteramente mediante su asesinato, hace ya 4 años. Es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando no se atienden las causas estructurales que han elevado los índices de violencia e inseguridad en Morelos y a nivel nacional.
En el Informe “Defensoras somos todas 2”, elaborado en 2016 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se elaboró un protocolo de atención y protección en casos de violencia contra defensoras y periodistas, que posteriormente sirvió de fundamento para una iniciativa de ley en la entidad. Previamente, en 2012, se había aprobado la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, este fue el inicio de la implementación del Mecanismo Federal de Protección a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) bajo el mando de la Unidad para los Derechos Humanos. Organizaciones de derechos Humanos a nivel nacional señalaron que en diez años de funcionamiento del Mecanismo hay mil 657 personas defensoras y periodistas incorporadas que tienen medidas de protección, de acuerdo con el informe emitido por la SEGOB, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración. Sin embargo, es importante señalar que estas medidas tienen una visión limitada, enmarcada en acciones de seguridad como botones de asistencia, medidas físicas: escoltas, reubicación temporal o vehículos blindados, pero no se atienden las causas estructurales y sistémicas que provocan las agresiones.
Este modelo de protección gubernamental ha sido omiso en realizar el reconocimiento público de la labor de periodistas y las personas defensoras e integrar a los planes de protección medidas integrales que atiendan las necesidades psicosociales, jurídicas, políticas, con enfoque de género, interseccional, comunitario, e intercultural, debido a las diversas realidades y contextos. A diez años de esta implementación los ataques han acrecentado. Los datos que se aportan son muy graves: En el periodo 2018-2022 ocurrieron 63 asesinatos a periodistas y 107 asesinatos a personas defensoras, de acuerdo con cifras oficiales. Estos hechos muestran que aún estamos lejos de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar y proteger el derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, así como la vida, seguridad e integridad de las personas. Es importante reorientar los esfuerzos gubernamentales para crear, adecuar o armonizar una política integral de prevención y protección a favor de las personas defensoras, que tenga como eje rector reconocernos como sujetos de derechos, no como objetos de protección; una política que incluya dentro de su funcionamiento acciones de prevención, protección, investigación y reparación, concluyen en su informe.
Los más recientes asesinatos de periodistas, Luis Martín Sánchez en Nayarit y Nelson Matus Peña en Guerrero, que eleva a 6 en este año 2023, han suscitado fuertes protestas y movilizaciones. Es verdad que ya en mayo de 2022, la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció en un informe público que en el país existe un 98% de impunidad cuando asesinan a una persona defensora y un 87.93% cuando se trata de una persona periodista, de acuerdo con los datos estadísticos recabados desde diciembre de 2018, presentados en el contexto de los Diálogos para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el informe de la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Defender los derechos humanos en México, entre los meses de junio de 2021 a mayo de 2022, se reportaron 28 casos de ejecución extrajudicial y 19 víctimas de desaparición forzada. Para el mismo periodo documentó 203 casos de violencia. Una característica importante de este informe es que solo contempla casos en que el agresor directo es el Estado Mexicano desde sus diferentes estructuras de gobierno.
A Julian Assange, autor de wikiLeaks, le otorgaron el premio Konrad Wolf en Alemania, quien permanece en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh, Londres, Reino Unido, por atreverse a hacer pública información clasificada sobre injusticias, asesinatos y crímenes de guerra, que los gobiernos ocultan a los pueblos. Este es un ejemplo de la lucha por divulgar información que permita a la sociedad tomar conciencia y actuar en consecuencia para transformar la realidad.
