Gabriela Mendizábal Bermúdez* y Anahí Pérez Rojas**
Ser indígena desafortunadamente está asociado a estigmas negativos como vivir lejos de las ciudades, pobreza y baja educación debido a la exclusión histórica y la violencia estructural. Sin embargo, esto no debe desvalorizar ni definir la identidad indígena. Esta identidad es un derecho inherente reconocido por instrumentos normativos nacionales e internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por México en 1990, y el artículo 2 constitucional, que se espera sea reformado para cumplir con directrices internacionales y promesas de campaña del presidente actual.
Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas de 2022, existen alrededor de 476 millones de personas auto adscritas como indígenas, estas representan el 15 por ciento de los más pobres.
En México, según el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentificaron como indígenas. Además, en cuanto a los indicadores de carencias sociales para personas indígenas, según estadísticas del Inmujeres, 2021, el 79.7% y 80.9% de las mujeres y hombres respectivamente tienen carencia por acceso a la seguridad social, 32.2% de las mujeres y 32.7% de los hombres carecen de calidad y espacios de la vivienda, 66.5% de mujeres y 66.6 de hombres carecen de los servicios básicos, 33.5% de mujeres y 33.9% de los hombres carecen de acceso a la alimentación.
En Morelos, contrariamente a los estándares internacionales, únicamente se atiende a un criterio lingüístico para identificar a las personas indígenas, contabilizando en 2020 a 38,110 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, en su mayoría náhuatl. Esta población se encuentra concentrada principalmente en los municipios de Hueyapan; Tetelcingo, en Cuautla; Santa Catarina y San Juan Tlacotenco en Tepoztlán; Cuentepec, en Temixco, Xoxocotla, Zacualpan de Amilpas, Tlalnepantla, Coatetelco, Temoac y algunas comunidades de Cuernavaca, como Ocotepec.
Estas estadísticas nos muestran que, este sector de la población se localiza en una extrema vulnerabilidad, debido a que son sujetos con pobreza no solo económica sino multidimensional, la cual según la OIT considera aspectos como la educación, la salud, el acceso a servicios básicos, la vivienda adecuada, la nutrición, la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable y saneamiento, el empleo digno, los ingresos, la protección social, y la participación social.
Ante la grave pobreza multidimensional indígena, la seguridad social desempeña un papel importante para su reducción, enfrentando la desigualdad y promoviendo la inclusión social, el Convenio 169 de la OIT, reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales y a la seguridad social; sin embargo, actualmente las políticas públicas, las infraestructuras institucionales y las herramientas de seguridad social en el Estado mexicano promueven únicamente soluciones paliativas al problema mediante el otorgamiento de prestaciones económicas (muchas veces condicionadas por las propias reglas de operación) mediante programas sociales.
Esto mantiene la limitación del acceso a este derecho humano, ya que solo se ofrece la posibilidad de acceder a la seguridad social a través de la incorporación al empleo formal, para poder afiliarse a alguna de las instituciones existentes (IMSS, ISSSTE e ISSSFAM), lo que requiere que las personas indígenas se integren a un sistema excluyente, contrario a su cultura y cosmovisión, y conlleva todas las dificultades culturales, económicas y sociales que esto implica.
Por tanto, para atender la exclusión de la seguridad social y la pobreza multidimensional, son necesarias políticas públicas multiculturales sociales, de educación, de atención a la salud, de vivienda, de empleo y por supuesto de ingreso a la seguridad social, como esferas mínimas que les garanticen una vida de calidad. La inclusión solo será posible a través del reconocimiento de las diferencias en el acceso a sus derechos humanos y la desvinculación de la seguridad social al sector laboral.
*Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.
**Estudiante de la Maestría en Derecho, posgrado de calidad del CONAHCYT, en la FDyCS de la UAEM.
