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Gustavo Yitzaack Garibay
Durante décadas, la mayoría de las veces las instituciones y áreas de cultura del gobierno del Estado y de los ayuntamientos se han conducido de manera intuitiva o caprichosa hasta rayar en el ridículo y la incompetencia.
No ha sido poco frecuente que quienes han prestado sus servicios como funcionarios culturales justifiquen su presencia más por el pago de favores políticos que por mérito propio, instalando de facto una ineptocracia, es decir el gobierno de quienes han cometido el primer acto de corrupción, aceptar un puesto para el que no tienen las competencias necesarias.
Tanto en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, como también en muchas de las direcciones de patrimonio, cultura, museos y casas de cultura, incluso en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, la falta de un perfil, de conocimiento y experiencia, pero sobre todo de sensibilidad y escucha, ha provocado un rezago sustantivo en la planeación y el desarrollo de políticas culturales públicas, también en su evaluación y fiscalización.
A pesar de ese panorama, la sociedad civil tímidamente se involucra para exigir que el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos garanticen sus derechos culturales, mientras que el llamado sector cultural, en su mayoría despolitizado, por lo tanto, desorganizado, históricamente ha librado la batalla por la descentralización, hay que decirlo, sin grandes resultados ni en materia de presupuesto ni en creación de infraestructura.
Hasta hoy, Cuernavaca sigue siendo el lugar donde reside la mayor cantidad de instancias culturales públicas, privadas, municipales, estatales y federales, desconcentradas y autónomas. Como ejemplo tenemos la creación de espacios como el Museo Morelense de Arte Popular, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano y el Auditorio Teopanzolco, incluso el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. Las comunidades tienen su propio potencial, centros culturales independientes, una pujante vida que refleja el vasto legado de un patrimonio cultural inmaterial milenario, pero también el funesto desdén de las autoridades.
La profesionalización de los servidores públicos dota de herramientas teórico metodológicas y jurídicas a quienes desde el gobierno tendrían que asumir prácticas de gobernanza cultural para que el sector cultural, participe en la construcción de diagnósticos, pero también en el diseño y ejecución de las políticas culturales, planes proyectos y programas orientados al desarrollo cultural de la población, y que a su vez ésta pueda contribuir a evaluar los perfiles y la idoneidad de las personas servidoras a partir de trayectoria, experiencia, probidad y servicio.
Además, el trabajo interdisciplinario, la investigación, difusión y desarrollo, su enfoque interseccional, permitiría que la administración pública realice su misión y visión con asertividad, de manera sensible y eficiente. A la inversa, también se vuelve imprescindible un programa de capacitación a promotores y gestoras culturales, algo que prácticamente desapareció en el sexenio actual.
El naufragio cultural de Morelos se corresponde con un desánimo que ha calado hondo en quienes se dedican a las artes y a la promoción cultural. No sin razones, desde hace por lo menos una década existe una percepción que desdeña el gigantismo del aparato estatal y municipal, dado sus costos y sus nimios resultados.
Una mala administración amenaza la capacidad de construir futuro para el desarrollo sustentable y sostenible que en los próximos años verá sus peores días ante problemas tan reales como la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda, o el cambio climático y la escasez del agua, así como la pérdida absoluta de soberanía alimentaria.
El deterioro en la calidad de vida de las y los morelenses está marcado por una severa crisis de las instituciones de los tres poderes, resultado de una multiplicidad de fenómenos y eventos sociológicos, culturales y políticos que, no queda duda, rebasan las propias capacidades de gestión y atención de los órdenes de gobierno municipal y estatal, pero también del Congreso y del Poder Judicial locales, o de órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado de Morelos o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, cuyos representantes, titulares y administradores están signados por la mediocridad, la vulgaridad, la corrupción y la ilegitimidad.
Después de sortear el proceso interno que definirá las candidaturas para la gubernatura, el proyecto triunfador en las elecciones de 2024 tendrá que dar un golpe de timón para la necesaria transformación y reconstrucción de Morelos. Hoy habitamos el caos.
También opino que, si no es cultural, no es transformación.
