Por Ismael Eslava Pérez*
El pasado 7 de agosto, aproximadamente a las 00:33 horas de la madrugada, las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Comisión Estatal) fueron objeto de un ataque -grave e inadmisible- con armas de fuego, habiéndose registrado nueve impactos de bala en las ventanas del inmueble de ese organismo estatal sin afectación a la integridad del personal, de acuerdo con las primeras actuaciones ministeriales. Grave por el mensaje de violencia e inseguridad que se transmite a la sociedad en general, e inadmisible por la incapacidad de generar las condiciones que permitan erradicar la corrupción e impunidad y propiciar un adecuado desarrollo social.
Nuestra más enérgica condena y repudio a cualquier hecho de violencia; expresamos nuestra solidaridad a todas las personas que integran la Comisión Estatal y exigimos de las autoridades de procuración de justicia el pronto esclarecimiento de tan reprobable suceso que busca intimidar y obstaculizar las importantes funciones de promoción y defensa de los derechos fundamentales asignadas a los organismos públicos de derechos humanos, al mismo tiempo que ofende y lastima a la sociedad en general.
Tan condenable suceso aunado a otros hechos de violencia que se han presentado, como el ataque con armas de fuego a las instalaciones de la estación de radio Txoro matutino, dan cuenta de la tensión social que persiste en diversas regiones de la entidad federativa, al mismo tiempo que hacen evidente la importancia de garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, el respeto al Estado Democrático y Constitucional de Derecho (Estado Derecho) y la construcción de la paz social.
La violencia se hace patente cuando hay ausencia o un débil Estado de Derecho, cuando no se respetan los derechos humanos, cuando la indiferencia de las autoridades ante la corrupción, inseguridad e impunidad se vuelve una constante y cuando los valores y principios éticos se encuentran ausentes en las acciones de las instancias de gobierno y del Estado, así como algunas personas que actúan al margen de la ley.
Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. Su integridad y seguridad hace propicia la ocasión para reiterar la necesidad de establecer acciones y programas encaminados a garantizar su labor en condiciones de seguridad, en el entendido que el cumplimiento de los derechos humanos y la observancia de la norma es la vía para lograr una sana convivencia social, reiterando que la prevención y defensa de los derechos de la persona es tarea de todas y todos, particularmente en momentos actuales caracterizados por una de las etapas más críticas y desafiantes en materia de gobernabilidad y seguridad pública. De igual forma, el ejercicio de todo derecho y el planteamiento de cualquier reclamo o inconformidad debe realizarse de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin afectar el orden público o atentar contra sus instituciones. La legitimidad de cualquier reclamo social debe quedar demostrada con la legalidad de sus actos.
La vigencia del Estado de Derecho es un imperativo para la erradicación de la inseguridad, corrupción, impunidad y violencia en diversas regiones del país, que implica el respeto a los derechos humanos; el cumplimiento por parte de autoridades y gobernados de lo establecido en el orden jurídico nacional; la observancia del ámbito de competencia de los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial) y los organismos constitucionales autónomos, con los correspondientes pesos y contrapesos; la existencia de un control judicial de los actos de autoridad y, en general, el respeto a la estructuras jurídicas y políticas vigentes en el país, así como la sensatez en la presentación, discusión y aprobación de iniciativas de reformas, a fin de respetar la legalidad y los ámbitos de competencia de los poderes constituidos.
Lo anterior permitirá una transformación cultural cuyo centro de atención sea la promoción y respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, así como la construcción de una cultura de paz que genere un cambio de mentalidad que transforme los conflictos en soluciones armónicas, que prevenga disputas que generen violencia, que restablezca la paz en conflictos existentes y que promueva el diálogo, la negociación, el bienestar y el desarrollo social.
Una paz social que tenga como principal objetivo generar las condiciones para mantener la tranquilidad y restablecer el tejido social, con el propósito de diseñar e instrumentar políticas públicas de carácter integral que tomen en consideración las causas estructurales que originan tales problemas; el trabajo directo sobre los factores de riesgo; la creación de una conciencia cívica basada en la observancia del Estado de Derecho y el reforzamiento de la protección ciudadana a partir de un enfoque de derechos humanos, a fin de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración y administración de justicia y cumplir con el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que promueve el fortalecimiento de los Estados, las instituciones, la paz, la seguridad y la justicia, e incluye como metas reducir significativamente todas las formas de violencia y corrupción, así como promover el “Estado de Derecho”.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
Para destacar:
Nuestra más enérgica condena y repudio a cualquier hecho de violencia; expresamos nuestra solidaridad a todas las personas que integran la Comisión Estatal y exigimos de las autoridades de procuración de justicia el pronto esclarecimiento de tan reprobable suceso que busca intimidar y obstaculizar las importantes funciones de promoción y defensa de los derechos fundamentales asignadas a los organismos públicos de derechos humanos, al mismo tiempo que ofende y lastima a la sociedad en general.
