De todos los temas que podrían generar protestas ciudadanas, pocas deberían concitar la voluntad a su favor con tanta unanimidad como lo es la defensa de la naturaleza pues, más allá de que tengan un efecto local -comunidades que ven trastocadas sus condiciones de vida y de producción de manera inmediata-, tendrán inevitables repercusiones regionales, nacionales y hasta mundiales.
Ya deberíamos haber superado la política de la negación – si acaso a eso se le pudiera decir “política”- para darle la razón a quienes señalan contaminación de cuerpos de agua, sustitución de bosques por tierras de pastoreo o emplazamientos urbanos. ¿Qué más pruebas se necesitarían cuando las causas de la inconformidad saltan a la vista? Desafortunadamente, en nuestro país, la corrupción puede volver miopes a autoridades y a la misma ley, según lo constató el capítulo México de la organización Amnistía Internacional.
En un informe difundido hace tan solo unos días, “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, la organización internacional logró documentar con abundancia cuatro casos de ambientalistas que son perseguidos, incluso penalmente, por haberse atrevido a alzar la voz para protestar contra atentados contra el medio ambiente perpetrados por particulares con la alianza de las instituciones que deberían defender a la ciudadanía y su patrimonio natural.
Estos cuatro casos -la oposición a la construcción de un fraccionamiento en zonas naturales protegidas y la arbitraria construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en territorios propiedad de pueblos originarios, en Chiapas; a la construcción de un drenaje para descargar directamente en el río Metlapanapa en Puebla, y el emplazamiento de una granja porcina en Yucatán sin consultar a nadie y sin contar con las autorizaciones necesarias-, son ejemplos de lo que Amnistía Internacional llama “uso desproporcionado de las normas penales como una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México”.
Desarticulación de la defensa por los derechos relativos al medio ambiente
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este acto de represión, los ambientalistas -principalmente vecinos de las comunidades afectadas- han sido víctimas de la utilización de tipos penales vagos o ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. También se observó la adecuación, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos. Las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito, lo que no ha impedido que varias de las víctimas hayan acabado en la cárcel.
Amnistía Internacional constató “algunas características comunes en los casos que son preocupantes. Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientos de protesta, a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacíficas. Los procesos suelen alargarse por diversas causas, adicionalmente, existe una amenaza constante de reactivación de procesos o de fabricación de nuevos delitos”.
“Los procesos penales en contra de personas defensoras intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas, pues suelen causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización, represión y en amenazas a su vida y seguridad”, afirma AI.
Este contexto resulta por demás preocupante cuando somos testigos de diversas crisis que vive la naturaleza en nuestro país. ¿Cómo se puede proteger el medio ambiente si quienes lo afectan tienen aliados tan poderosos como lo son las propias autoridades y la ley? ¿Cómo, cuando los líderes comunitarios se tienen que doblegar por temor a ser acusados de delitos inexistentes para apartarlos del camino?
Estos son casos que deberían propiciar una profunda reflexión por parte de las más altas esferas de gobierno, tanto para remediar injusticias que se continúan cometiendo, como para detener la depredación de la naturaleza. Son estos gobernantes quienes podrían pasar a la historia como quienes permitieron que los recursos naturales de todo el país se ahonden en una crisis sin retorno.
