Ya desde hace tiempo la justicia en el estado de Morelos no es de los aspectos más notables en nuestro estado; de hecho, atraviesa por uno de sus momentos más vergonzosos.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia solo es apoyado por sus incondicionales y quienes no lo son ya intentaron quitarle la máxima representación judicial por haber presionado a un magistrado para favorecer que se liberara a un presunto criminal, sospechoso de ser el autor material de dos homicidios y un feminicidio, ni más ni menos.
Otra crítica que se ha externado públicamente en contra del todavía magistrado presidente, Gamboa Olea, es la discrecionalidad en el nombramiento de jueces: en el último ejercicio resultó designada la esposa del titular y varias personas cercanas a sus apoyadores gracias a un procedimiento que, por opaco, se prestó desde antes de que concluyera a constantes suspicacias.
Por si todo eso no fuera suficiente, con la tristemente célebre iniciativa que establecía una “pensión dorada” mediante la cual se le otorgaba al poder judicial el establecimiento de sus propias pensiones, se intentaba adelantar el retiro de magistrados y se alargaba el término de la presidencia, a favor, desde luego, de Gamboa. Iniciativa que fue aprobada por el Congreso aunque fue cuestionada por el mismísimo Gamboa Olea en un arrebato revanchista contra sus pares que osaron cuestionar su “liderazgo”.
Pero, en lugar de intentar corregir algo de la situación que priva en el Poder Judicial, el Poder Legislativo pretende elegir a los nuevos magistrados con la misma opacidad y discrecionalidad que usó Gamboa para elegir a sus nuevos jueces hace tan solo unos meses.
De acuerdo con el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas la convocatoria para la elección de las nuevas magistraturas se hará a puerta cerrada, a espaldas de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. Cualquiera podría pensar que hay gato encerrado -o por lo menos que hay favoritos ya designados- cuando en la convocatoria se otorga un plazo de solo siete días para que los aspirantes presenten un ensayo y entreguen sus papeles.
Morelos Rinde Cuentas señala que se ha diseñado un mecanismo para que no se conozca la identidad de los aspirantes ni procedimiento de las entrevistas, por lo que se desconocerán los criterios de selección, las preguntas que se les formularán a los futuros magistrados y hasta qué legisladores -si acaso hay alguno- participarán en esas comparecencias.
Es por decisiones como ésta que la sospecha de la venta de magistraturas se cierne sobre el Congreso, acusación que ha hecho el propio gobernador.
Por más declaraciones y promesas de los diputados, Morelos Rinde Cuentas les recuerda que incumplieron con su propio compromiso por transparentar estos procedimientos, a pesar de la importancia de que los designados serán quienes tendrán en sus manos la ley y la justicia de nuestro estado durante los próximos 14 años. ¿O será precisamente por eso que quieren mantener buenas relaciones con la ley y prefieren dejar todo en la opacidad a descubrirse un poco las espaldas?
Los diputados y las diputadas deben pensar que todo está bien en el Poder Judicial, a pesar de que figuras como Gamboa Olea son la personificación de muchas de las cosas que ha criticado el Presidente de la República en contra de la Suprema Corte de Justicia, cuando la señala de discrecionalidad, de proteger a criminales y servirse con la cuchara grande en materia del presupuesto. Este tipo de personajes solo pudieron arribar a donde están gracias al intercambio de favores. Y todo eso es una de las cosas que más urgen cambiar en un estado como el nuestro, afrentado por décadas de corrupción, ilegalidad, crimen y la venta de jueces al mejor postor.
