El Estado de Derecho -ese concepto que se refiere a un sistema en el cual todas las personas, incluyendo los gobernantes y los ciudadanos, están sujetas a y protegidas por leyes justas y equitativas, en donde las leyes son claras, se aplican de manera imparcial y nadie está por encima de ellas- está debilitado y roto en Morelos, de acuerdo con la senadora Lucía Meza, de quien hoy presentamos una entrevista más adelante.
Si uno atiende al concepto, cabe preguntarse si alguna vez ha existido, ya no en Morelos o en México, sino en el mundo entero y la respuesta, obviamente, es “no”, por la sencilla razón de que es un concepto ideal cercano a la utopía; pero no por eso hay que dejar de tenerlo como meta: el propósito es llegar lo más cercanamente a los ideales como nos sea humanamente posible, por eso son “ideales”.
Pero lo anterior no es una excusa para que se trabaje en sentido contrario: que los gobernantes y los impartidores de justicia crean que viven en un mundo aparte, que se confeccionen leyes para beneficiar a unos cuantos o para que se cuiden los rincones oscuros de la ley con el solo propósito de medrar a costa de la ciudadanía. Desafortunadamente, esto parece más cercano a la realidad que hoy impera en nuestro estado, y así lo reconoce la senadora.
“Es evidente que hay una crisis en materia de seguridad pública y procuración de justicia que lamentablemente ha puesto a las familias morelenses en un estado de indefensión. No hay prevención del delito ni persecución de los delincuentes. El 95 por ciento de los homicidios dolosos y feminicidios no han sido esclarecidos, y hay una espeluznante impunidad, que provoca el empoderamiento del crimen organizado”, nos dijo.
Y no se engaña al pensar que, en el cúmulo de acciones que urgen en nuestro estado, entre las prioridades están la dignificación del Poder Judicial, el fomento al oficio político en los poderes locales y atacar las causas profundas que han hecho prosperar al crimen organizado.
Hoy, siempre de acuerdo con Lucy Meza, quien llegara al gobierno del estado heredaría un gobierno con un preocupante déficit de elementos de seguridad pública, que difícilmente le podrían hacer frente al grave índice de inseguridad y violencia que se vive en Morelos.
En el actual ambiente, la ciudadanía ha perdido la confianza en sus instituciones, como es el caso del sistema judicial, y ve coartadas sus aspiraciones hacia el futuro, que es en donde reside parte del origen de los graves problemas que vivimos.
Es un diagnóstico desgarrador que contrasta con la imagen que cualquier administración desea proyectar de su ejercicio, y que sugiere acciones de gobierno.
En un mundo ideal, derechos y deberes iguales, con la administración de la justicia, de la salud, de la educación y de la responsabilidad social limitada por las leyes para evitar abusos de autoridad, en donde, además, se fomente el desarrollo económico y la evolución social para atajar la aparición de los vicios y la delincuencia. Es un ideal, pero no por eso debemos dejar de trabajar en esa dirección.
