El derecho a la salud en México está consagrado en el artículo cuarto de su Constitución Política. Dicho artículo señala, desde 1983, que en nuestro país toda persona tiene derecho a la protección de la salud. A partir de 2020 se da un nuevo paso importante hacia la universalidad del acceso a los servicios de atención médica, gracias a las reformas a la ley aprobadas en ese sentido. Parte del texto añadido al artículo cuarto de nuestra Carta Magna indica que la ley definirá “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
La presencia de este derecho en la ley fundamental del país no debería suscitar ningún debate, pues casi no hay quien piense que la salud es una mercancía que debe someterse a las leyes del mercado, y no una responsabilidad fundamental del Estado. Menos después de la pandemia por Covid-19, que mostró de manera feroz que la salud es un valioso bien público que debe ser protegido socialmente.
Sin embargo, en los útimos años el debate sobre el derecho a la salud en México ha sido intenso, sobre todo debido a que la satisfacción de las necesidades de salud involucra recursos cuya distribución obedece no sólo a lo que ésta significa como bien personal y social, sino a lo que consideran justo quienes distribuyen dichos recursos.
En México el derecho a la protección de la salud —manifestado en su expresión más simple como el acceso permanente y oportuno a los servicios de atención médica— fue un campo desatendido por décadas, porque se reservó y privilegio especialmente para la población asalariada derechohabiente de la seguridad social.
Un rápido recuento de la cobertura de los servicios de salud en el país durante los últimos 20 años —basado en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por el Instituto Nacional de Salud Pública a partir de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut)— muestra que entrando el siglo XXI, específicamente en el año 2000, sólo cuatro de cada diez mexicanos (59% de la población) contaba con servicios de seguridad social y atención médica regular. En 2006, la población sin protección se estimó en 48.5%, lo que reflejaba un mínimo avance. A finales de 2012, cuando terminaba otra administración de gobierno, cerca de 30 millones de mexicanos aún no contaba con acceso regular a los servicios de salud, y al finalizar 2018, la Ensanut de ese año mostró que 23 y medio millones de mexicanos (18.7% de la población) no tenía plenamente garazantizado el acceso oportuno a servicios de salud suficientes, seguros e integrales.
La información publicada en los últimos años debe ser tomada con cautela, porque la interpretación de los datos disponibles responde al debate que mencionamos antes. Un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2021 indica que el número de mexicanos que carece de servicios de atención médica pasó de 16 millones en 2018 a más de 28 millones en 2020. Esta disminución en el acceso puede ser una consecuencia del efecto brutal de la pandemia por Covid-19, que tuvo un severo impacto en el acceso a los servicios de salud y disminuyó el número de derechohabientes debido a la pérdida de empleos en los momentos más críticos de la pandemia. No es menos relevante señalar que la información publicada por el Coneval se refiere a la percepción de las personas sobre el acceso a los servicios y no sobre el acceso efectivo a los mismos.
Recientemente, el 25 de octubre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que se crea el Modelo de Atención de Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar). Este hecho constituye un notable cambio paradigmático en la rectoría del Sistema Nacional de Salud, porque ratifica lo que ya estaba considerado en la Ley General de Salud y que ha sido una añeja aspiración no cumplida, fundamentada en la equidad en salud: el derecho al cuidado de la salud, a su protección social y al acceso efectivo a los servicios.
El modelo MAS-Bienestar avanza hacia ese objetivo, ya que su principal propósito es la atención a la salud para toda la población, considerando a las personas, familias y comunidades como centro, mediante la protección y promoción de su salud. El modelo privilegia la prevención de las enfermedades, pero incluirá estrategias para un mejor diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados de manera continua a lo largo de la vida.
Un gran avance del MAS-Bienestar es la articulación de la atención desde las comunidades con la participación de la población en función de su ámbito territorial, así como la vinculación entre todas las instituciones del país, incluyendo las de seguridad social (como el IMSS, el ISSSTE y otros) a través de la coordinación entre unidades médicas para ofrecer mejores servicios, fortaleciendo la educación integral y continua del personal de salud y las del ámbito comunitario, que son los sujetos de derecho. Adicionalmente se crea el sistema nacional de salud pública, con una perspectiva basada en la atención primaria integral con calidad, centrada en las personas y sus familias, lo que es inédito en nuestro contexto y podría ser un ejemplo para el ámbito regional; además, la cobertura poblacional será identificada mediante estrategias censales, y como consecuencia, la atención poblacional no estará segmentada.
En conjunto, lo anterior representa un enorme paso hacia la cobertura universal y una estrategia de justicia social, pues incluye en forma explícita la gratuidad, fortalece la calidad de la atención con enfoque local y regional y, consecuentemente, apunta a mejorar los resultados en la salud.
Como hemos señalado, la satisfacción de las necesidades de salud no sólo obedece a lo que significa la salud como bien personal y social, sino a la conformación de una política pública expresamente construida para disminuir y eliminar progresivamente las desigualdades en salud. Estas reformas buscan incrementar el bienestar de toda la población, pero principalmente de los más vulnerables: aquellos mexicanos excluídos que no han tenido acceso histórico a los servicios de atención.
*Especialista en salud pública
