3. Conspiración y deriva política
Rafael Segovia*
Entre Donald Trump y Al Capone
Hemos visto hasta ahora cómo surgieron y se desarrollaron dos de los casos judiciales contra el expresidente Trump. Se trata de casos federales, a pesar de que uno de ellos, el de los documentos de Mar-A-Lago, se está procesando en una corte del estado de Florida. El tercer caso, que analizaremos ahora, es un caso promovido por el departamento de justicia del estado de Georgia, y sin embargo su contenido y su estructura probablemente hacen de él el caso más peligroso para Trump.
Pero antes de entrar de lleno en este asunto, debemos establecer un panorama de la situación jurídica general del expresidente. En este momento, enfrenta cuatro litigios principales, que son los que se exponen en los medios de comunicación, pero son sólo una fracción de la realidad. A los juicios federales y al juicio en Georgia, que tienen implicaciones políticas, se suman dos juicios civiles, uno de ellos promovido por una ciudadana, Jean Carroll, bajo el cargo de acoso sexual y violación y, en segunda instancia, por difamación, cuando tras perder el juicio, Trump la arrastró en el fango mediático. Este caso ya fue juzgado y culminó en una declaración inapelable de culpabilidad en ambos cargos. El otro juicio es más serio y potencialmente destructivo, ya que se trata de un juicio promovido por la ciudad de nueva York, acusándolo de falsificación de registros financieros y fraude comercial en forma prolongada y consistente. Trump habría inflado sistemáticamente el valor de sus propiedades para obtener préstamos y seguros desproporcionados, además del prestigio público de figurar en el jet set de los billonarios, por ejemplo en la lista de la revista Forbes. El juez de este caso, Arthur Engoron, ya emitió una sentencia anticipada de culpabilidad, ordenando la liquidación de todos los negocios de la corporación Trump en Nueva York, y sólo se está procediendo a agregar pruebas al caso y a fijar el monto de la multa (que ascenderá por lo menos a 250 millones de dólares).
A estos juicios civiles, que poco tienen que ver con política (aunque el juicio por fraude está acabando con la imagen pública de Trump como multimillonario exitoso, que lo llevó a la presidencia), se suma otro, de orden civil pero con implicaciones penales, que había quedado relegado en el olvido desde antes del asalto al Capitolio. Se trata de una demanda promovida por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una asociación de defensa de los derechos de ciudadanos negros, basada en la llamada Ley del Ku Kux Klan, que protege los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo las minorías, de recibir igual trato ante la ley y de disfrutar de sus derechos electorales en particular. En efecto, después de perder las elecciones, Trump pasó semanas presionando a los funcionarios electorales republicanos para que no certificaran las elecciones en condados de mayoría negra; en particular, la denuncia examina las acciones de los funcionarios electorales republicanos del condado de Wayne que primero votaron a favor de no certificar las elecciones, aunque finalmente lo hicieron.
Este juicio, que viene a sumarse a los cuatro que enfrenta actualmente el presidente, forma parte de un verdadero catálogo de demandas judiciales que pesan, o han pesado, sobre Trump. Al revisar dicho catálogo (disponible en: https://www.justsecurity.org/75032/litigation-tracker-pending-criminal-and-civil-cases-against-donald-trump/#LDF) se antoja que ni siquiera una figura como Al Capone logró reunir semejante colección. Y no puede uno evitar comparar a Trump con los mayores mafiosos de la historia.
Una astuta estrategia legal: la ley RICO
Volviendo al caso que nos ocupa hoy, el que lleva la fiscal del estado de Georgia Fani Willis en la corte del condado de Fulton, es posible afirmar que se trata probablemente del juicio más demoledor en contra de Trump, por dos razones cuya exposición nos servirá para explicar su configuración jurídica. La primera es que el juicio está colocado bajo la severísima ley “RICO” (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que se traduce literalmente como “Ley [contra] las organizaciones influenciadas por mafiosos y corruptos” o Ley federal contra el crimen organizado). Esta ley, creada contra las mafias de los años 40, tiene la característica de buscar culpar a grupos criminales, y se aplica siempre en forma colectiva, por lo que supone que los cargos comprobados contra uno de los acusados pueden aplicarse a los demás.
Los cargos contra Trump y su equipo incluyen conspirar para interferir en los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia, mediante presiones sobre los responsables electorales y el secretario de estado local para “encontrar” 11,900 votos que le hubieran hecho falta a Trump para ganar la elección a nivel estatal, e interferir en el proceso electoral mediante la creación de falsos colegios electorales que intentaron suplantar a los auténticos y emitir votos favorables al partido republicano. Todo ello diseñado y ejecutado desde la misma oficina oval de la Casa Blanca, lo que agrega gravedad a la acusación.
El acto de acusación presentado por Fani Willis atañe a 19 acusados en conspiración, entre los que se encuentran los abogados de Trump durante su estancia en la Casa Blanca, varios ciudadanos implicados en el esquema de los falsos colegios electorales y otros funcionarios, además del propio Trump. El cálculo de la fiscal Willis fue que, al haber cargos colectivos, varios de los indiciados intentarían separarse del grupo, declarándose culpables y ofreciéndose a colaborar con la fiscalía, con lo cual además sentarían el precedente necesario para confirmar los cargos que permitían inculpar colectivamente a los demás. Esta estrategia está funcionando perfectamente, y ya ha habido tres abogados de Trump en la Casa Blanca que se declararon culpables y se prestaron a colaborar con la investigación.
La segunda razón de la virulencia de este caso es que se trata de un juicio estatal, en el que el perdón presidencial no es posible, con lo que la esperanza de Trump de ganar la presidencia en el 2024 y perdonarse a sí mismo queda cancelada. A esto se suma la severidad de la ley RICO, cuyos cargos pueden agregarse bajo forma de condenas adicionales a los cargos independientes por cada acción criminal incluida en la acusación, lo cual podría llevar a penas de más de 20 años y enormes multas.
Alardeos, mentiras y ladridos
No podemos examinar el fenómeno Trump sin considerar su personalidad y su postura y la de quienes lo acompañan en esta saga, a riesgo de crear una figura opaca, incomprensible y sin relieve. La personalidad de Trump es, por lo demás, si no brillante, realmente apabullante. Su ascenso en el espectro público de EE UU fue fulgurante: un hombre de negocios multibillonario, que presumía de una de las mayores fortunas mundiales, y que, contrariamente a muchos de sus semejantes, gustaba de alimentar una imagen mediática, participando primero en diversos programas de entrevistas, para terminar teniendo su propio programa, The apprentice (El aprendiz), en el que se evaluaba y se ponía a concurso la habilidad para los negocios de los invitados. Hubo 15 temporadas anuales de The apprentice, durante las cuales la figura de Trump se hizo enormemente popular, lo que contribuyó de manera sustancial cuando éste decidió culminar su ambiciosa carrera lanzando su candidatura a la presidencia.
La carrera electoral de 2016, en la que contendió contra Hillary Clinton, estuvo ya plagada de trampas, agresiones y corrupción. Trump difundió y amplificó exorbitantemente una falta administrativa de la ex secretaria de estado Clinton, que había mezclado correos electrónicos personales con los oficiales y había conservado esos correos de manera indebida, la atacó en los debates con asuntos de índole personal y familiar, presionó a gobiernos extranjeros para que expusieran supuestos negocios corruptos de su adversaria, y se apoyó en los servicios de inteligencia rusos para ventilar el asunto de los correos electrónicos. Se sabe ahora que, además, consiguió manipular el sistema electoral para obtener la mayoría de los colegios electorales, a pesar de que Clinton tenía la mayoría de los votos ciudadanos.
Todas estas maniobras no deben extrañarnos, ya que Trump había practicado a lo largo de su vida todo tipo de triquiñuelas financieras y comerciales para hacer crecer sus negocios; eso es algo que está saliendo a la luz desde que se inició el juicio de la ciudad de Nueva York en su contra, pero ya desde 1973 había enfrentado repetidos cargos por fraude fiscal y otras prácticas comerciales corruptas o racistas.
Con estos antecedentes, no será de extrañar que su presidencia se caracterizara por una enorme incompetencia, un desenfadado nepotismo, un claro desinterés por solucionar los verdaderos problemas del país, y un negacionismo enfermizo respecto a cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, las libertades sexuales y de género, y el mismo COVID, cuya existencia negó, solo para luego recomendar a la población no usar el cubrebocas y aplicar remedios peligrosos y desautorizados por sus propios asesores médicos.
La fiera enjaulada
Su postura actual, ante la ola de acusaciones que empezaron a surgir tras el asalto al Capitolio, ha sido cada vez más beligerante. Se ha dedicado a atacar a todas las partes implicadas en la saga jurídica, incluyendo, para empezar, a los fiscales, a quienes considera sus enemigos personales y acusa de ser esbirros del presidente Biden (siendo que, como en todos los países democráticos, el poder judicial es completamente independiente del ejecutivo, y muy en especial en los EE UU); más aún extendiéndose en sus ataques contra jueces, empleados de los juzgados, periodistas y – más grave aún – amenazando a testigos y a potenciales miembros de los jurados que habrán de evaluar su culpabilidad.
Todo ello ha hecho que dos de los jueces (Arthur Engoron y Tanya Chutkin, de los juzgados de Nueva York y Washington, respectivamente) le impongan órdenes de limitación de sus expresiones públicas (GAG orders), de las que ha hecho prácticamente caso omiso, a pesar de haber sido multado ya dos veces por infringirlas.
Esta descripción del personaje, en la que faltan muchos trazos característicos que no es posible exponer aquí, revela la expresión de una psicología extremista, por no hallar otra palabra. Es una personalidad egocéntrica en extremo, narcisista, insensible a los demás. Varios psicólogos han intentado describirla, caracterizándola como una mentalidad infantil, intolerante a la frustración, que no sabe medir consecuencias ni escuchar opiniones diferentes a la propia. Como mencioné más arriba, esta configuración de personalidad, combinada con un poder casi ilimitado, son la combinación perfecta para engendrar un dictador.
Las condiciones para que esto suceda parecían estar dadas al inicio del año 2022, cuando iniciaron los juicios en contra de Trump y aún podía preverse una repuesta eficaz de Trump y sus defensores, además de que sus seguidores seguían inquebrantables en pie de guerra. Hoy en día la balanza parece inclinarse más hacia el lado de una justicia insobornable y de la fuerza del estado. Sin embargo, las estructuras del poder han sido profundamente afectadas y, en particular el Partido Republicano se tambalea en uno de los platos de esa balanza.
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Esto lo veremos en nuestro siguiente artículo:
4. Delincuencia presidencial y derrumbe institucional
* Poeta, traductor y activista social por los derechos culturales.
