¿Qué hay de las propuestas territoriales?
El territorio es vital para la vida de la población e instrumental para el desarrollo humano. Ahora que están en el ambiente las aspiraciones a distintos cargos de elección popular en los distintos niveles de gobierno, cabe preguntar a los y las aspirantes ¿cuáles son sus propuestas territoriales? Para hacer más explícito este cuestionamiento podemos dividirlo en cuatro dimensiones: los territorios productivos, seguros, sustentables y habitables.
Empezando por los territorios productivos tenemos que, de acuerdo con la información oficial de Data México, el producto interno bruto estatal se deriva de tres sectores principales, en donde el manufacturero genera casi la mitad del ingreso (47%), el comercio (minorista y mayorista) el 40% y los servicios (turismo, construcción, transportes y otros) un 13% del total. Destaca el hecho de que, de acuerdo con el último censo económico del INEGI, el turismo –que parecía ser la panacea económica– no llega ni al 3%, lo que nos recuerda la importancia de la especialización laboral, y de manera particular el desarrollo de tecnología, aprovechando que somos la entidad con mayor número de investigadores e investigadoras per cápita en el país.
Pasamos a los territorios seguros, que se enlazan al tema anterior al ser el primer impedimento detectado para el desarrollo de las actividades económicas. De acuerdo con la constitución, la seguridad es una obligación del Estado, y sin embargo, observamos las encuestas de percepción de seguridad indican queen el primer semestre de 2023, el 86% de hombres y el 90% de mujeres consideraba inseguro vivir en la entidad. Si bien la inseguridad es un fenómeno multicausal y extraterritorial, es imprescindible conocer las estrategias que están siendo consideradas por los y las aspirantes para contener el crecimiento del crimen organizado en nuestro estado y desactivar su control territorial.
Con respecto a los territorios sustentables,encontramos –sin gran sorpresa– que se reporta que los sectores económicos que cumplen con la norma ambiental –y parcialmente– son los servicios de salud (40.7%), las industrias manufactureras (28.6%) y el comercio minorista (23.6%), en tanto que el resto de los sectores desconoce o incumple dichanorma. En este rubro, la contaminación de mantos acuíferos, la disposición de residuos sólidos, y la tala clandestina son problemas requieren acciones inmediatas para frenar el deterioro ambiental en una entidad que se conoce por sus condiciones naturales y que no puede arriesgarse a perderlas como capital natural.
Por último tenemos los territorios habitables en donde el Estado tiene también la obligación de proveer servicios básicos como agua, luz, drenaje, limpia, vialidades seguras, parques y espacios públicos como parte del derecho a un entorno de calidad. La provisión de estos servicios debe estar respaldada en planes de desarrollo territorial en sus distintas escalas (regional, metropolitana, municipal), que consideren –por ejemplo– la reconversión de 138 mil viviendas deshabitadas en la entidad (Censo de Población y Vivienda 2020). Hay que recordar que la planeación territorial es una herramienta de gobierno que permite consensar intereses, dirigir los esfuerzos y acercarse a los objetivos de desarrollo de una manera racional, articulada y evaluable.
En resumen, el territorio es el escenario fundamental en el que se desarrolla la vida de la población y es instrumental para su progreso humano. Ante las próximas elecciones, es imprescindible que los y las aspirantes a cargos públicos aborden de manera integral cuatro dimensiones esenciales: productividad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad. Estos desafíos requieren propuestas sólidas y acciones concretas para impulsar la economía, garantizar la seguridad de la población, preservar el entorno ambiental y proporcionar servicios básicos de calidad. El compromiso de quienes aspiran a los cargos públicos en estas áreas será determinante para el bienestar y el futuro de los habitantes del estado de Morelos. El futuro desarrollo humano y la calidad de vida en el estado dependen en gran medida de las decisiones que se tomen en estas cuatro dimensiones fundamentales.
