La organización Morelos Rinde Cuentas señaló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha sido ineficiente y carente de transparencia desde su creación en 2015. A pesar de tener numerosos expedientes abiertos, la judicialización de los mismos y la obtención de sentencias son prácticamente nulas.
Según la organización, en 2022 se registraron 599 carpetas de investigación, una cifra menor en comparación con las 638 carpetas del año 2021. En 2020 hubo 598 carpetas, en 2019, 466, y en 2018, apenas 153.
La organización civil acusa que la Fiscalía ha simulado combatir la corrupción y que ahora parece buscarse su control para garantizar impunidad a quienes dejarán el poder.
Tanto con Juan Salazar Núñez como con Rodolfo Núñez Urquiza al frente, la Fiscalía ha tenido un presupuesto en constante aumento, con aproximadamente 30 millones de pesos para su operación en el último año. Esto significa que cada expediente abierto en 2022 tuvo un costo de más de 50,000 pesos.
Además, en relación a las sentencias logradas en estos años, ambos titulares se han negado a reportar de manera oficial, según la organización.
Expedientes que duermen el sueño de los justos
Diversos son los casos en que la fiscalía anticorrupción no ha logrado sentencias condenatorias, a pesar de lo polémico que han sido, entre ellos son las “pensiones doradas” denunciadas por el Congreso del estado en el año 2018 y 2019, la cual señala que exfuncionarios de primer nivel “falsificaron” documentos para su retiro.
Las denuncias contra el expresidente municipal de Cuernavaca, Antonio “N”, quien se encuentra en prisión domiciliaria luego de su persecución tras un supuesto desvío de 9 millones de pesos del Instituto de Crédito para los Trabajadores.
O el puente colgante del Paseo Ribereño que dejó una decena de personas lesionadas, principalmente funcionarios del ayuntamiento de Cuernavaca, éste mismo ha interpuesto más de 30 denuncias que no han sido judicializadas.
También la denuncia por el presunto desvío de recursos en la compra de plantas valorizadoras por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, entre muchos otros.
