“La justicia en Morelos está en riesgo”, alertaron integrantes del Colectivo por “La Justicia que Merece Morelos”, tras denunciar que “el Congreso Morelos está a punto de asignar magistraturas en el Poder Judicial pagando cuotas o colocando a sus cuates en medio de un proceso de asignación totalmente opaco”.
Por ello, los integrantes del colectivo lanzaron un S.O.S a la población y advirtieron que de concretarse las pretensiones del Congreso en la designación de las magistraturas condenarán a las y los morelenses a 14 años de justicia bajo los intereses de grupos de poder.
A pesar de este panorama, en los próximos días las y los legisladores del Congreso Local, estarán designando 10 magistraturas del Poder Judicial colocando a sus allegados o afines a grupos de poder, alertó el Colectivo por “La Justicia que Merece Morelos” que está integrado por Grupo Empresarial Morelos, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca. (CANACO SERVYTUR), Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Morelos y el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”.
Morelos fue el estado peor evaluado en capacidad institucional en justicia penal, de acuerdo a los resultados del último reporte 2022 realizada por el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa”. En dicha evaluación se consideró capacidad institucional para responder a las demandas y requisitos del Sistema de Justicia, tanto de política pública (considerando su planeación, coordinación, presupuestación y evaluación), como respecto de su capacidad instalada en términos de personal, infraestructura y organización interna y Morelos obtuvo solo 346.8 puntos, muy por debajo de la puntuación mínima que era de mil 200 puntos.
Roberto Salinas, director del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” , expresó la continua preocupación de la sociedad civil y las cámaras empresariales en relación con las próximas designaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Salinas resaltó la necesidad de que los diputados del Congreso de Morelos tomen decisiones acertadas y transparentes en las designaciones de magistrados, subrayando la importancia de la participación de la sociedad civil en este proceso. Sin embargo, lamentó la falta de debates, análisis y apoyo de la sociedad civil en un proceso que carece de transparencia.
El director del Centro de Investigación también expresó su preocupación por el ocultamiento de información relevante en la convocatoria, como currículums, ensayos y entrevistas de los candidatos a magistrados. Esto ha generado temores de que las decisiones se basen en cuotas y favoritismos, lo que podría resultar en un deterioro adicional en la justicia de Morelos.
Muchos aspirantes, muchos compromisos
De acuerdo a un estudio minucioso realizado por el Colectivo por “La Justicia que Merece Morelos”, de 148 aspirantes, dos no tienen cédula profesional, 76 tienen maestría y 32 Doctorado, según información obtenida en el Registro Nacional de Personas Profesionistas.
Además, 47 personas podrían tener conflicto de interés por su trabajo actual o anterior con instituciones gubernamentales o bien por relaciones familiares.
También , figuran al menos cinco personas con militancia política activa en Morena, dos en el PAN, hay dos excandidatos a cargos de elección popular del PAN, dos excandidatos del PRI, un excandidato de Movimiento Ciudadano y un excandidato de Redes Sociales Progresistas.
De la misma manera se han localizado a cinco personas con actividad laboral en partidos políticos y tres exdiputados. Entre ellas resaltan las siguientes personas y afinidades: Miguel Lucia Espejo, quien fungió como presidente de Morena del 2025 al 2017; Gerardo Vargas Salgado, en 2018 candidato a diputado federal del 4to distrito del partido Acción Nacional; Mónica Marín Méndez, militante del PAN y Mancy Giovanna Montero Mercado, militante del PAN.
Entre los aspirantes a las magistraturas también se encuentran Javier Díaz Mújica, exdiputado del PRI, Adrián Ariza Cuellar quién tiene actividad partidista al ser representante de finanzas en Morelos Progresa, Patricia Ariza Cuellar, encargada del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fue nombrada en el cargo cuando su esposo Edwin Brito fungía como diputado del Partido del Trabajo (PT).
En tanto figuran algunos aspirantes con vínculos directos a las diputadas y diputados, la mayoría trabajan en el Congreso: Eduardo Horacio López Castro, Secretario Técnico Área en la Comisión de
Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias; Arturo Loza Flores, coordinador en la Dirección de Recursos Humanos; Mario Sánchez Navarro, Secretario Técnico de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas; José García Noguerón, Auxiliar Administrativo en la Dirección de Recursos Humanos; Roberto Soto Castor, Secretario Técnico de la Comisión Especial de Energía; Carlos Gibrán Haro Álvarez -abogado defensor en proceso por presunto fraude al obtener pensión del Congreso; Nicolás Arturo Garduño Sámano, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales; Felipe Ignacio Garay Güemes, Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad y Protección Civil; César Salgado Alpízar, Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente (2021-2022) y Fernando Abarca Torres, Secretario Técnico, entre otros.
