Víctor Villarreal Cabello*
México es un país de recepción, expulsión, retorno, circularidad y tránsito migratorio. Su posición geográfica en el globo lo configuran como un espacio complejo y lleno de retos que busca la liberalización de los productos comerciales, pero a su vez restringe el flujo de personas migrantes. En su travesía por los corredores migratorios las personas migrantes han desarrollado estrategias para el cruce de fronteras: las caravanas, la consecución de remesas, el pago de cruzadores fronterizos, entre otras.
El corredor migratorio más importante del mundo es por antonomasia el corredor México-Estados Unidos. Algunas de las políticas migratorias de contención de Estados Unidos son catalogadas como ejemplos perfectos para hablar de la securitizarían de políticas migratorias, como la propuesta de Ley Arizona SB1070 que criminaliza la migración y autoriza mediante “sospechas fundadas” la aplicación de esta. Dichas “sospechas” se basan en la construcción racial de las personas. Además, la política estadounidense se construye bajo una lógica de seguridad pues para dicha nación la migración es un tema de seguridad nacional definitivo desde la caída de las Torres Gemelas en 2001.
El caso mexicano ha construido su política migratoria, en gran parte, por las presiones constantes de su vecino del norte, a conveniencia propia para la consecución de recursos económicos, políticos y financieros.
La securitización de la política migratoria implica ver un tema bajo los espectros de la seguridad. En México se ha implementado como un discurso eufemístico que usa palabras como “rescate de personas migrantes” para referirse a la detención y deportación. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio esta relación se ha vuelto más evidente.
Algunos planes y programas que no son para la construcción de una política migratoria han configurado la lógica Estatal en términos de discursos que ensalzan la seguridad y el desarrollo. El Plan Mérida y el Plan Puebla Panamá pueden ser algunos ejemplos respectivamente. En coyuntura: el Plan de Desarrollo Integral para el Desarrollo de Centroamérica. A través de estos programas se despliegan cuerpos militares en las carreteras, controles tecnológicos o policiacos complejos, se otorgan recursos económicos, financieros, de capacitación y discursivos para la construcción de espacios de contención en todo México. Lo que se traduce como «la frontera vertical» de Amárela Varela. Dice Saskia Sassen que los mecanismos de control de Estados Unidos para la contención de la migración se han extendido en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia.
¿Desde cuándo se puede hablar de un México con una política migratoria securitizada? Desde la implementación de programas que restringen el libre movimiento de personas por territorio nacional apelando al “rescate” de migrantes, sí. Desde la aceptación de recursos o beneficios económicos por parte de Estados Unidos, sí. Desde la violación de derechos humanos en todo el país, sí. Desde la muerte de los 72 en San Fernando, sí. Desde la duplicidad de los controles fronterizos y centros de detención durante la administración de Calderón, sí. Aun no estoy seguro de que la securitización, tal como la entendemos ahora, es raíz fundamental de la política migratoria mexicana, pero desde los primeros años del siglo XXI sí se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales.
*Milpaltense, internacionalista, escribiente y migrantólogo.
