Ayer comentábamos de amiguismo y compadrazgo, de cuotas partidistas y compromisos personales; hoy, el nombramiento de los próximos magistrados se ha enrarecido aún más, pues ya hay denuncias formales de que algunos diputados podrían estar vendiendo esos cargos.
Aunque la supuesta venta de magistraturas no es una noticia nueva -hace algunos meses el mismísimo gobernador aseguró que a él le constaba que eso sucedía y ayer mismo publicamos que Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Agentes y ex Agentes del Ministerio Público en Morelos, aseguró que él también sabía que alguien en el Legislativo estaba pidiendo cinco millones de pesos por cada magistratura- que salga del terreno del rumor para concretarse en una -o varias- denuncias formales que han desencadenado una investigación oficial, cambia la perspectiva del dato.
No se puede iniciar una investigación legal por rumores, se requieren pruebas o por lo menos indicios tangibles de que la queja se sustenta en hechos comprobables y que se sostienen en la realidad, y la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción se originó a raíz de denuncias públicas, incluyendo declaraciones de 14 barras de abogados del Estado, y denuncias anónimas que señalaban malversación y manejo indebido de recursos por parte de personas cercanas a los diputados, quienes habrían solicitado sumas de dinero a cambio de plazas o nombramientos como magistrados.
Lo malo es que en Morelos estamos acostumbrados a escándalos como estos sin que pase absolutamente nada, como es el caso del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia -institución que, por cierto, sí confía en la probidad y sabiduría del Legislativo para elegir a los mejores perfiles para las magistraturas (como se lee un poco más adelante en una nota de Estrella Pedroza)- que fue señalado por presionar a otro magistrado para cambiar el sentido de su voto y ayudar a un sospechosos de un triple asesinato que hoy goza de libertad.
Dejando a un lado las posibles responsabilidades penales, si la venta de magistraturas se llegara a comprobar, todo el proceso se debería reponer. De hecho, se debería reponer tan solo por haber sido empañado por la sospecha de favoritismos, más aún por la sospecha de cohecho. Aunque, desde luego, cabe la posibilidad de que se deje avanzar el asunto a sabiendas de que cuando se judicialice, será atendido por un amigo.
Vale la pena recordar que lo que está en juego no son cargos de inspectores de supermercado -que, por cierto, merecen todo nuestro respeto- sino las figuras que tienen en exclusiva la interpretación de la ley en el estado y que juegan un papel angular en el sistema legal de Morelos. También, vale la pena recordar que el nuestro es uno de los estados con mayores índices de impunidad, que es tanta que la gente prefiere ya no denunciar.
Ante este panorama, cualquiera tendría el justificado derecho de dudar de la probidad de alguien que compró la toga y que, también en lo oscurito, espera recuperar la inversión.
