Uno pensaría que en un estado como Morelos en el que, principalmente el feminicidio, lo ha llevado a encabezar las listas de inseguridad en el país, alguien debería estar preocupado por el tema y una comisión especial del Poder Legislativo se veía como un buen acicate para que las instituciones que dicen atenderlo hicieran algo.
En medio de la indignación generalizada por el asesinato de la diputada Gabriela Marín en agosto de 2022, pareció una atinada idea que se creara una comisión de legisladores para atender casos de feminicidio y algunos llegamos a creer que por lo menos ese feminicidio no quedaría impune.
Pero la solidaridad de los diputados y diputadas con su colega muerta no fue lo suficientemente intensa como para que sesionaran en forma, al parecer, ni una sola ocasión. Algunos de sus integrantes llegaron a llamarle la atención a sus homólogos para que se tomaran en serio el compromiso, pero ninguno reaccionó.
La comisión nació en medio de los reflectores y la muerte de la diputada sirvió para que varios legisladores aparecieran con el ceño fruncido y mirada justiciera en los medios, pero para nada más. El caso sigue impune, como miles de feminicidios que lastiman tanto a la sociedad morelense.
La fallida comisión del Congreso, que por lo menos los diputados y diputadas tuvieron el pudor de desaparecer por inútil, es una muestra de las distintas visiones que diferentes actores pueden tener de los mismos problemas y, a todas luces, la muerte impune de las mujeres en el estado es algo que les interesa a pocos, dados los nulos resultados que se tienen en su combate, prevención y atención.
No les interesa a las fiscalías, que tienen un pasmoso récord de impunidad, no les interesa a las policías, que son incapaces de proteger por lo menos a ese sector de la población, no le interesa al Poder Ejecutivo, que podría organizar a sus dependencias para prevenir y atender a las víctimas y a sus familiares, no le interesa al Poder Judicial, que hace cualquier maniobra posible para dejar libres a los sospechosos y, ahora, públicamente reconocido, no le interesa tampoco al Poder Legislativo.
Es por eso por lo que cobran fuerza las organizaciones sociales que no dejan que se olvide la criminalidad. Lo preocupante de esto es que, ante los resultados, ya hay organizaciones civiles solidarias con mujeres, niños, de la diversidad sexual, campesinos, ambientalistas y hasta de gremios profesionales, cuya principal demanda es seguridad y combate a la impunidad.
Atrás de las lides electorales, de la rebatinga por el manejo del presupuesto o de las puñaladas traperas para obtener un cargo, todos los que conforman la administración pública harían bien en recordar para qué están en los cargos que ocupan y el servicio que están obligados a prestar a la comunidad y a la sociedad.
Así, antes de pensar a qué partido pueden chapulinear, los políticos deberían demostrar responsabilidad, compromiso y, antes de que recurran a los jueces en busca de amparos por despidos injustificados o por alguna transgresión a sus prestaciones, los funcionarios públicos deberían demostrarnos a todos, cada día, su utilidad y lo necesaria que es su actividad; si nadie hace su trabajo, estaremos condenados a vivir en un estado débil, pobre y ensangrentado.
