Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz
Crece la violencia feminicida en Morelos y en todo el país, en medio de un clima de inseguridad que termina privando de la vida a miles de personas y generando temor entre la sociedad. Cuando ocurre un crimen es necesario condenar y exigir que haya investigación y sanción a los responsables para que haya justicia y reparación del daño a las víctimas, sin embargo, se requieren también políticas públicas de atención, justicia y prevención que garanticen el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y para todas las personas, de tal manera que se pueda erradicar este tipo de violencias que tanto daño hacen al conjunto de la sociedad.
Al contrario de quienes consideran que es mediante políticas autoritarias y represivas como se debe enfrentar a quienes cometen toda clase de crímenes, es necesario promover la participación consciente y organizada de la sociedad para que ejerza libremente todos sus derechos humanos, que tienen la dignidad como su base primordial.
No son solamente números de una estadística. La cantidad de personas privadas de la vida, como lo hemos demostrado a lo largo de 23 años de documentar el feminicidio en Morelos, ha sido creciente y cada una de esas personas tiene rostro, nombre, identidad, historias, familiares y amistades que son únicas e irrepetibles, por lo que su ausencia significa dolor y daño que termina afectando al conjunto de la sociedad. Recientemente se ha dado toda una polémica sobre las bases de datos oficiales que se elaboran para saber la cantidad de personas víctimas de feminicidio, de asesinatos, de desapariciones.
Cada vez que los funcionarios salen a dar cifras de feminicidio olvidan que el Protocolo de Investigación vigente en la propia fiscalía, establece que toda muerte violenta de mujer debe ser investigado en principio como feminicidio, por lo que están en la obligación legal de aplicarlo sin priorizar sus apreciaciones subjetivas al respecto.
Contar con estadísticas confiables debe servir para elaborar políticas que permitan, tratándose de personas desaparecidas, llevar a cabo todo tipo de acciones para su localización, tal como lo establece el protocolo homologado de búsqueda. Desafortunadamente, las descalificaciones presidenciales pretenden ocultar que la desaparición forzada se mantiene en los más altos niveles y que su propio gobierno tiene la responsabilidad de dar respuesta a las exigencias de los colectivos de familiares de víctimas, que son quienes encabezan labores de búsqueda en campo arriesgando su propia integridad física.
Sabemos que uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en México, ocurrió durante el gobierno anterior, encabezado por Peña Nieto, no obstante, uno de los primeros compromisos del actual gobierno de López Obrador, fue precisamente dar solución, conocer la verdad y el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para lograr la justicia y brindar garantías de no repetición. Por ello, resulta sumamente cuestionable el hecho de que desde la presidencia de la república se criminalice a los familiares, a sus asesores y al propio fiscal especial que logró descongelar las 20 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y militares, Omar Gómez Trejo, a quien se le acusa falsamente de actuar en contra de una investigación a fondo, debido a que el principal obstáculo es precisamente el papel del Ejército en este crimen de lesa humanidad.
De ahí que son totalmente válidas las cuatro peticiones llevadas a cabo por los familiares de los 43 de Ayotzinapa en la audiencia realizada en Washington por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en días pasados y que son las siguientes:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
«Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si les preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'», dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.
Ante la violencia y la injusticia cotidiana que estamos viviendo, es necesario elevar las voces de protesta, ya que tenemos la convicción de que gobierne quien gobierne, los derechos humanos se defienden.
