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Ayer detonó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos un problema que comenzó a cocinarse días atrás, con la detención, en el campus Chamilpa, de una persona que salió en libertad por falta de pruebas.

Las autoridades del municipio y de la Universidad han trabajado estrechamente para propiciar una mayor seguridad para los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad; incluso se han establecido corridas especiales de transporte colectivo y los propios estudiantes han demandado mayor protección de la fuerza pública principalmente para las mujeres y, en general, para todos los universitarios que abandonan el campus ya en la noche.

Sin embargo, lo que parece ser una detención arbitraria, una persona acusada injustamente y actos delincuenciales -como secuestro exprés y robo, ni más ni menos- que algunas víctimas atribuyen a elementos de la policía municipal, ocasionaron que ayer decenas de estudiantes se manifestaran en contra de la presencia policiaca en las instalaciones de la Universidad.

La situación fue atendida por el rector, su staff y por el alcalde de Cuernavaca en persona y se llegó a diversos acuerdos para tranquilizar los ánimos, entre otros, que la policía no ingresaría a territorio Venado. Apuesta arriesgada dadas las condiciones de alta inseguridad que se viven en todo el estado.

En la protesta se habló reiteradamente de la autonomía universitaria -arraigado valor nacional que debe prevalecer principalmente en las casas de estudio que dependen del erario- y de cómo la presencia de la fuerza pública la vulneraba.

Vale la pena recordar que la sola presencia de patrullas o uniformados en el campus universitario no mancilla la autonomía universitaria, que reside principalmente en la libertad de cátedra, en el autogobierno y en el manejo independiente de sus propios recursos, y no en el terreno que ocupa. Otra cosa sería si esa policía vigilara la impartición -o la no impartición- de algunas materias, de la lectura -o la prohibición- de algunos textos, o que intentaran presionar ilegítimamente la elección de autoridades, proceso en el que, por cierto, se encuentra inmersa la UAEM.

El mal desempeño -o de plano, la sospecha de conducta criminal- de algunos elementos de la policía, que deberá investigarse y sancionarse si es el caso -como prometió el alcalde de Cuernavaca- no debería desembocar en incrementar la indefensión de los estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad que, dicho sea de paso, tiene otros campus además de la céntrica Chamilpa.

Si bien los acuerdos a los que llegaron las autoridades universitarias y de Cuernavaca sirvieron para tranquilizar los ánimos ayer, el asunto de seguridad -en un estado con una impunidad del 97.5 por ciento- amerita ser estudiada con mucho cuidado en un análisis en el que obviamente la comunidad estudiantil debe tener un papel principal pues, tan solo por su número, es la principal víctima en potencia de las actividades delictivas.

También hay que identificar y, si es el caso, castigar, a aquellos elementos de seguridad que dejan muy mal parada a la policía municipal, erosionan aún más la confianza del público en los cuerpos policiacos y, a la larga, indirectamente ponen en riesgo a muchos miles de ciudadanos más. Este estudio deberá marcar verdaderas pautas que asumiría la Universidad en uso de su legítima autonomía.