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Desde hace tiempo ya un grupo de artistas y promotores culturales morelenses que, según las palabras de uno de ellos, Gustavo Yitzaack Garibay -quien, por cierto, escribe en estas páginas-, se abocan a la “evangelización cultural” principalmente en la región suriana del estado, también han señalado con insistencia las necesidades y los pocos resultados que se tienen en la materia en Morelos.

La organización civil Cultura 33+3 se ha proyectado más allá de la zona sur en donde nació —y ya forman parte de ella artistas y profesionales de prácticamente todas las regiones de Morelos—, hace menos de un mes demandó justicia por algunos casos de acoso laboral que involucraban directamente a personajes de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) y del Centro Morelense de las Artes.

Más allá de problemas con funcionarios acosadores y prepotentes o de un nebuloso uso de los recursos públicos, son varias las observaciones que hace este grupo y sus simpatizantes sobre el desempeño de esta administración en materia de cultura: reprochan lo limitado de las miras del gobierno estatal y la falta de un proyecto que no solamente proteja e impulse las manifestaciones artísticas y culturales en nuestro estado, sino que también reivindique la llamada cultura popular morelense.

De acuerdo con otro de sus integrantes, Jaime Chabaud Magnus -quien también es colaborador de La Jornada Morelos- “a un año de que termine la administración de Blanco al frente del gobierno de Morelos, podemos decir que lo único bueno que realizó la titular de la STyC fue echar a andar la Casa Palmira, proyecto que heredó de su antecesora en el cargo, Margarita González Saravia”.

Por ello, más de doscientos creadores, organizaciones civiles y simpatizantes de Cultura 33+3 le dirigieron una carta abierta a la precandidata del partido mayoritario para invitarla a la elaboración de un proyecto cultural que rescate al sector en el estado, cuyos genuinos integrantes han sido “humillados, ofendidos y desdeñados por la presente y anterior administraciones, que hicieron del dispendio y la negligencia los pilares de una gestión que constituye el oprobio contra la cultura popular del Morelos profundo”.

Cabe subrayar que tal carta abierta no es producto del oportunismo político como algunos podrían pensar, sino que se basa en el legítimo interés de profesionales de las artes: “creadores de la música, la danza, el performance, el teatro, las letras, la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, la instalación, pero también artesanos, mayordomos y autores, guardianes de las memorias colectivas y las tradiciones, así como científicos o especialistas de la antropología, la historia, las ciencias políticas, la etnología y más”, como señala Gustavo Garibay, es decir, de morelenses -por nacimiento o adopción- que buscan ganarse la vida al mismo tiempo que fortalecen y ensanchan el espíritu de nuestro estado.

Y lo anterior no es nada despreciable si consideramos que la cultura y la creación artística redundan no solo en beneficios sociales sino hasta económicos, como el INEGI comprobó hace tan solo unos días cuando publicó que el sector cultural de México aportó 2.9 por ciento de la economía nacional en 2022; el Producto Interno Bruto (PIB) generado por los bienes y servicios culturales sumó 815 mil 902 millones de pesos y generó más de un millón 494 mil empleos. Por eso no se entiende que el tema sea marginado o visto como decorativo por algunos gobiernos.

El sector cultural levanta la mano y propone una operación de ganar-ganar.