La libertad de expresión en América Latina y en México en particular, sigue siendo un tema de la mayor importancia por los efectos que tiene la violación a dicho derecho humano, sobre todo para quienes hacen de su profesión el ejercicio de esta libertad, pues constituye uno de los pilares democráticos en cualquier país que se precie de serlo, ya que es la vía para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el de reunión, asociación y acceso a la información y transparencia, así como para que las y los ciudadanos puedan hacer vigentes sus derechos políticos, como votar o ser votados.
Esta temática ha sido abordada en columnas anteriores destacando los riesgos que enfrenta este derecho fundamental a través de la censura, por medios indirectos para afectar dicha libertad, la estigmatización y denostación hacia aquéllos que opinan de forma diferente a las posturas oficiales o bien son críticos de ellas, generándose climas polarizantes que pueden incidir en otro flagelo que acecha la libertad de expresión como lo es la violencia contra las y los periodistas y/o comunicadores. Lo anterior ha llevado a la Directora General de UNESCO, Audrey Azoulay, ha destacar lo siguiente: “Es enorme el impacto que tiene en el conjunto de la sociedad los crímenes perpetrados contra periodistas, ya que se impide a los ciudadanos que tomen decisiones con conocimiento de causa”.
En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha expuesto un triple efecto de los actos de violencia contra periodistas: i) la transgresión del derecho de las víctimas a manifestar y difundir sus ideas, opiniones e información; ii) la creación de un efecto intimidador que propicia el silenciamiento de periodistas, y iii) la afectación de los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información de cualquier tipo.
En este sentido, nada menos la semana pasada se dio información en el Estado de Guerrero sobre el secuestro de tres periodistas, lo que evidencia que el ejercicio de esta profesión requiere de antídotos eficaces que permitan prevenir agresiones cuya finalidad es inhibir la libertad de prensa y, sobre todo, prevenir desapariciones, pérdidas de la vida o desplazamientos forzados.
Por ello es importante la visibilización que del tema realizan organizaciones de defensa en favor del ejercicio periodístico como son Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por ejemplo, en el ranking 2023, Reporteros sin Fronteras, en su clasificación mundial, reportó la situación de 180 países ubicando a México en el nivel 128. Por su parte Artículo 19, citado por CNN, indicó que en la primera mitad del 2023 han sido asesinados 5 periodistas, expresando que al menos dos de ellos podrían tener relación con su labor informativa. Asimismo, Articulo 19 expresó que el 2022 fue el año más letal para el periodismo en el país, equiparándose a lo que aconteció en 2017.
La SIP, en sus cuatro indicadores (baja restricción, en restricción, alta restricción y sin libertad de expresión) colocó a México en el segundo rubro de países con restricción en la libertad de expresión, ubicándolo respecto de la región latinoamericana de 22 Estados, en el lugar 15, solo por arriba de Honduras, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela y Nicaragua. En cuanto a otros indicadores como la incidencia de los poderes públicos (legislativo, judicial y ejecutivo), coloca al país en un índice del uno al diez en un rango de 2.98; 1.41; y 4.93, respectivamente, es decir, la mayor incidencia proviene del poder ejecutivo. La SIP durante su 79ª Asamblea General llevada a cabo en la Ciudad de México el pasado 12 de noviembre concluyó que la violencia principal en México continúo siendo la principal amenaza contra las y los periodistas. De igual forma, identificó que permanece el discurso hostil en contra de los medios de comunicación.
Los datos expuestos deben llevar a la reflexión de que en las próximas campañas presidenciales las y los candidatos deben tener como una de sus líneas de acción, en sus plataformas políticas, la prevención de la violencia contra las y los periodistas y los medios de comunicación, así como el impulso decidido a erradicar la impunidad en las agresiones a éstos para que con ello se fortalezca el Estado Democrático de Derecho, sin soslayar que el desarrollo de los medios favorece las libertades fundamentales de expresión y de prensa, la tolerancia y el fortalecimiento de una cultura de paz. Por tanto, la prevención, protección y seguridad de las y los periodistas son obligaciones de las instancias de gobierno y el Estado.
*Especialista en derechos humanos
