Las precandidatas y sus gastos de precampaña
Con el registro de la senadora Lucía Meza Guzmán, como precandidata única del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Morelos, el sábado comenzaron todas las precampañas para relevar a Cuauhtémoc Blanco Bravo; y con ello también se refuerza la fiscalización que el órgano local, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, junto con el Nacional Electoral, deberán hacer sobre el gasto de cada una de las tres aspirantes.
A finales de agosto pasado, el Impepac acordó el tope de gastos de campaña para aspirantes a la gubernatura que no deberá exceder los cinco millones 874 mil 498 pesos; monto que representa el 20% del tope de campaña establecido para los candidatos a la posición para el 2018, que superó los 29.3 millones de pesos.
El periodo de precampaña empezó el 25 de noviembre y concluirá el 3 de enero próximo. Para estas fechas, los partidos ya habrán gastado la mayor parte de los 94 millones 421 mil pesos que les fueron entregados como financiamiento público ordinario, los casi 5.7 millones que correspondían a actividades de representación política, y los 2.8 millones por actividades específicas. Esos montos se repartieron entre los partidos proporcionalmente con sus resultados electorales del 2021, es decir, la mayor parte fue para Morena, el segundo monto más relevante correspondió al PAN y los nueve partidos con registro restantes se repartieron menos del 10% del total cada uno.
Entre los once partidos políticos de Morelos se repartieron entonces 102 millones 921 mil pesos, las precampañas de las tres precandidatas en conjunto podrían gastar poco más de 17 millones 623 mil pesos; el 17.1% del gasto anual de los partidos en promedio, pero, en el caso de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que tenía programado recibir 9.74 millones de pesos como prerrogativas en el 2023, el tope de precampaña supera la mitad de sus ingresos por subsidio. A este fenómeno tendría que añadirse el hecho de que prácticamente todos los partidos fueron multados, por lo que sus prerrogativas se redujeron, en muchos casos sustancialmente.
Entonces, los partidos políticos no financiarán las precampañas de las aspirantes a la gubernatura, en el caso de Margarita González Saravia (Morena, PT, PNA, PVEM, MAS), ni Jessica Ortega (MC y Morelos Progresa); y tampoco Lucy Meza (PAN, PRI, PRD, RSP).
Porque a diferencia de las campañas, en que los partidos políticos reciben un financiamiento mayor con el que pagan parte de las actividades proselitistas y propaganda de sus candidatos, en las precampañas los aspirantes van solos. Así que los recursos que gastan tienen que salir de sus bolsillos, de donantes espontáneos (los que obsequian cantidades menores, regularmente en especie) o de contribuyentes mayores (quienes aportan recursos mayores, en efectivo y especie). Estos últimos resultan siempre delicados pues pueden estar asociados a la adquisición de compromisos de los candidatos con grupos de interés que pueden influir en el desarrollo de las propias campañas y posteriormente, de las políticas públicas.
En eso también radica la importancia de los sistemas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La identificación de los recursos utilizados en las precampañas y campañas aporta datos que la ciudadanía debe tener, no sólo por el riesgo de utilizar las actividades proselitistas como pantalla de actividades ilícitas (el escenario más grave), sino para identificar a los donadores de recursos y con ello ubicar los respaldos financieros que los candidatos en general obtienen para sus campañas.
La transparencia conviene también a las candidatas de Morelos. Si el financiamiento de sus campañas es público, si los donantes son conocidos, incluso ellas pueden tener garantías para su ejercicio y sus compromisos políticos. Grandes escándalos políticos se han dado en todo el mundo en torno a los recursos privados que financian las campañas. El más reciente de los grandes alborotos en por lo menos tres naciones de América Latina, fue el caso de Odebrecht, la compañía que, a cambio de beneficios futuros, aportó millones de dólares en recursos a políticos de México, Colombia y Brasil; pero también ha habido la denuncia sobre el presunto financiamiento de grupos criminales a algunos candidatos, particularmente a alcaldías y diputaciones locales en el país.
Entonces el problema no radica sólo en el monto y destino de los recursos utilizados en actividades proselitistas, sino también en el origen de ese dinero. Ya no se trata solo de una obligación jurídica, también va en ello la legitimidad y la supervivencia política de las candidatas.
@martinellito
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