El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado ha colocado el tema de las libres transferencias de recursos en el presupuesto del 2023 como el punto fuerte de su negociación con el Congreso del Estado, ahora que el Ejecutivo ha retirado definitivamente la propuesta de incremento al impuesto a la nómina.
Las libres transferencias son un mecanismo por el que el gobernador puede reasignar montos presupuestales de una cuenta a otra o entre dependencias, sin consultar con nadie sobre la pertinencia de ello. Es decir, se trata de otorgar al titular del Ejecutivo una facultad de discrecionalidad sobre el uso de los recursos públicos.
El tema de las transferencias de recursos públicos no es nuevo. La facultad existía desde la administración de Graco Ramírez, sin embargo, el uso de esta figura fue extendiéndose en la de Cuauhtémoc Blanco. Cuando la LV Legislatura decidió en octubre de 2022 prohibir esa práctica, se calculaba que el gobernador había autorizado discrecionalmente el cambio de destino de casi 17 mil millones de pesos, lo que equivaldría a la mitad del gasto público en el estado.
La transferencia de recursos públicos no resulta en sí misma una falla presupuestal. Los gobiernos deben poder mover montos para cubrir necesidades que no pudieron ser previstas en su proyecto de gasto, por ejemplo, en caso de desastres naturales. Sin embargo, tales movimientos deberían ser revisados por dos poderes al menos, el Ejecutivo y el Legislativo, con el fin de garantizar la transparencia y el buen destino del dinero público.
La administración de Cuauhtémoc Blanco llevó la facultad al extremo en sus primeros cuatro años, al grado de que, una vez prohibida la práctica, quedaron al descubierto graves desaseos en la proyección del gasto entregada por la Secretaría de Hacienda al Congreso en octubre del 2022. Se habían dejado de contemplar, en el proyecto de gasto para 2023, rubros y montos que podían haberse previsto con un estudio serio de las necesidades, como los destinados a la operación y mantenimiento en instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, pagos del Aeropuerto Mariano Matamoros, adquisición de medios de identificación vehicular en la Secretaría de Movilidad y Transporte, entre otros rubros previsibles. Estas deficiencias llevaron a la necesidad de solicitar ampliaciones presupuestales que retrasaron el acceso de miles de morelenses a los servicios del gobierno estatal.
Antes de la declaración del secretario de Gobierno, la Comisión de Hacienda del Congreso ya había anunciado que la prohibición de libres transferencias se mantendría en el presupuesto de egresos para el 2024. La argumentación es exactamente la misma, evitar la discrecionalidad en el ejercicio del gasto y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por eso extraña la insistencia del Ejecutivo para recuperar esa capacidad, que se ha cancelado desde hace años en 30 de las 32 entidades federativas. Esperemos no sea una trampa para atorar la aprobación del presupuesto y volver a recurrir a controversias constitucionales que poco ayudan a la certidumbre requerida por la economía morelense.
