Ayer, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima -identificada como COP28- en Dubái se dieron a conocer los resultados del más reciente estudio de The Global Carbon Project que indican que, pese a todas las promesas y acciones gubernamentales a favor del ambiente, durante 2023 el mundo alcanzará un récord en sus emisiones de CO2 procedentes de la combustión de carbón, gas y petróleo.
En 2015, en París, los países miembros de la Naciones Unidas se habían comprometido a limitar el aumento de la temperatura mundial causada por emisiones contaminantes por debajo de 2 grados Celsius -o, preferiblemente, 1.5 grados- respecto a la era preindustrial; para lograr eso se pusieron como meta el año 2030, y los especialistas consideran que se está perdiendo la oportunidad, pues las emisiones de carbono no han hecho más que aumentar de manera constante. Tan solo el año pasado las emisiones por combustibles fósiles aumentaron 1.1 por ciento y 2023 no pinta mejor. Las emisiones de dióxido de carbono son ahora seis por ciento más altas que cuando los países firmaron el acuerdo de París.
Se calcula que para 2023 se emitan a la atmósfera 40 mil 900 millones de toneladas de dióxido de carbono y, de estas, 36 mil 800 millones se deben a los combustibles fósiles. Los logros como el impulso a las energías renovables y la disminución de las emisiones en Estados Unidos y Europa -tradicionalmente grandes contaminantes-, se han visto contrarrestados por el aumento de las emisiones en países como China -nación responsable, ella sola, de un tercio de las emisiones mundiales- y la India, que recientemente ha aumentado en 8 por ciento sus emisiones y ya es el tercer mayor generador de este tipo de contaminación.
En el estudio se identificó que “los grandes contaminadores tratan de desalentar los llamamientos para alcanzar un acuerdo que elimine gradualmente el uso intensivo de carbón”.
Es importante recapacitar en esta realidad: por obtener ganancias sin transformar sus métodos de producción, poderosos industriales internacionales están intentando convencer a la humanidad de que no es tan malo quemar combustibles fósiles y esto, a pesar del calentamiento global y de los fenómenos climáticos de los que somos testigos de una manera cada vez más frecuente, como lo fue el caso de Otis en Guerrero.
Lo anterior tiene mucho que ver con las observaciones de la misión internacional “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea”, integrada por diversas organizaciones, especialistas y periodistas de la Unión Europea que visitaron nuestro país en la última semana de noviembre y que confirmaron diversos ataques a defensores de la naturaleza, algunos de los cuales están -muy probablemente- encarcelados de una manera injusta por defender la tierra y el agua.
En México, concluyeron los especialistas, se criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos y, entre los casos que pusieron como ejemplo están el de Kenia Hernández, defensora indígena, condenada a 10 años de prisión por ataques a las vías de comunicación y recluida en el Centro de máxima seguridad No.16 —Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO), en el municipio de Coatlán, aquí en Morelos—, y el de Pascuala López, chiapaneca que no ha logrado que la protejan las autoridades, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares a su favor. Ambas son defensoras ambientalistas.
Los casos de estas dos mujeres no se pueden agotar en la mención anterior y platicaremos de ellos en el futuro, pero sirven como ejemplos claros de que los esfuerzos internacionales de nada sirven para recuperar el ambiente si no hay personas valientes que, desde sus comunidades, se tomen en serio el reto de defender a la naturaleza aunque eso también las ponga en la mira de los intereses económicos, también inmediatos que, como las grandes naciones contaminantes, prefieren que se acaben los polos antes que perder un dólar.
