Autoridades de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), revocaron la preliberación de María Luisa Villanueva Márquez, quien fuera acusada por el delito de secuestro y liberada más de 25 años después, por lo que la Fiscalía de Morelos giró una nueva orden de aprehensión en su contra.
En conferencia de prensa, María Luisa Villanueva Márquez aseguró que luego de que el magistrado presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea le otorgara el beneficio de preliberación, hoy en día podría regresar a prisión por la revocación de su sentencia.
Señaló que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) otorgó el beneficio de preliberación, pero no la declaró inocente de los cargos. Por ello, la Fiscalía Morelos ha girado una nueva orden de aprehensión en su contra, argumentando que el juzgador no tenía la competencia para ordenar la salida de María Luisa del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, la cual ocurrió el pasado 2 de febrero del presente año.
“El 11 de octubre solicitó a la Tercera Sala del Poder Judicial revocar la libertad y girar una nueva orden de aprehensión. Sin embargo, el pasado tres de diciembre, dos días antes de salir de vacaciones la Tercera Sala concedió la razón a la Fiscalía y anuló la orden de mi decreto de libertad, el dos de febrero del presente año, dejando en manos de la Fiscalía lo que concierne mi libertad incondicional según lo considere”, comentó.
Villanueva Márquez aseveró que la resolución fue emitida por la cuñada del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara quien es la titular de la tercera sala del Poder Judicial, Martha Sánchez Osorio y avalada por Juan Emilio Elizalde y Rafael Brito”.
“Frente a este atentado a mi precaria libertad considero inadmisible y un juego perverso de los aparatos de justicia; ya que mientras hace 10 meses se me obligó a salir del penal hoy la autoridad judicial se confabula con la Fiscalía del Estado”.
Sin embargo, señaló que no tiene miedo de regresar a la cárcel, donde ya estuvo más de 25 años, pues lo que busca es demostrar que no fue responsable del delito de secuestro por el cual fue detenida en enero de 1988.
