Colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad rechazaron el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente presentó una «actualización» de las cifras de personas no localizadas en el país, pues de tener un registro de más de 110 mil mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes que no se sabe su paradero, se redujo a 12 mil 377.
En entrevista, Angélica Rodríguez Monroy, coordinadora del Colectivo Regresando a Casa Morelos, y madre de Viridiana Rodríguez, desaparecida en 2012 en la entidad, comentó que son «tantas las violaciones a nuestros derechos como familiares y a la dignidad de nuestros desaparecidos que se han cometido que expresamos nuestra firme indignación por sus acciones”.
En este sentido, afirmó que el colectivo exige que se cumpla con sus derechos adquiridos, como son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEARV), además de las necesidades de sobrevivencia diaria, que, mencionó, son recursos para las diligencias esenciales de búsqueda de los desaparecidos, para las atenciones médicas.
“La Comisionada de CEARV, Penélope Picazo, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sino que instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas. Su propuesta de reglas o lineamientos afectan nuestros derechos y violentan el principio de progresividad, así como el principio pro-persona y demandamos participación conjunta como familiares y colectivos en la construcción de propuestas legales, normativas o lineamientos que nos afectan”, reiteró.
Al gobierno federal solicitó, con carácter urgente, se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y con participación directa de los colectivos, un plan y un proyecto para la búsqueda de las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de los restos de más de 56 mil personas, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en el actual gobierno.
“La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”, acotó.
Como colectivo, señaló que también se rechaza cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a sus derechos y de reformar la Ley en materia de desaparición de personas para eliminar a las Comisiones de Búsqueda de las entidades federativas, aunque “hemos cuestionado su eficacia y resultados, somos claros que se ha sumado la falta de investigación, de búsqueda y diligencias básicas que se evidenció con la fallida información mínima sobre las personas desaparecidas que le corresponden a las fiscalías general y locales y la terrible realidad de que no son autónomas, y en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos”.
Foto: Clara Viviana Meza
