El caso le dio la vuelta a México en el mes de febrero: había una mujer que no quería salir de la cárcel y tuvo que ser arrastrada por los elementos de seguridad de Atlacholoaya, quienes la depositaron en la acera, justo al lado de las plumas de acceso vehicular junto con un par de bolsas de plástico en donde arrojaron todas sus pertenencias.
María Luisa Villanueva Márquez no era feliz en la cárcel -ni porque se hubiera enamorado de ella, como se atrevió a decirle el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea- sino porque ella pretendía ser exculpada, no preliberada, pues siempre sostuvo su inocencia del cargo de secuestro que la mantuvo 25 años en prisión.
El 6 de enero de 1998 fue detenida, sufrió tortura y abusos y dejó en el desamparo a sus dos hijos uno de solo 11 meses de edad. El 2 de junio de 1999 fue condenada a 30 años de prisión. En 2014 interpuso una denuncia penal por detención arbitraria, tortura y otras violaciones a sus derechos, caso que ha avanzado muy lentamente. En febrero de este año María Luisa fue notificada de que se le había otorgado el beneficio de la preliberación por mandato del Tribunal Superior de Justicia, “beneficio” que ella rechazó desde el primer momento pues pretendía ser reivindicada por las mismas autoridades que la encarcelaron y le privaron de su familia y de criar a sus hijos.
Desde luego, la batalla personal de María Luisa no se detuvo en cuanto fue dejada en libertad y su caso fue retomado inmediatamente por agrupaciones defensoras de los derechos humanos como ejemplar de la forma en que funciona la justicia no solo en Morelos, sino en todo el país; para ellos el caso de Villanueva es a todas luces un claro ejemplo de ineficiencia judicial, de fabricación de culpables y de arbitrariedades legales, es un caso de violencia institucional del que el Estado debería responsabilizarse y asumir las consecuencias.
Según ella y su defensa parte de la responsabilidad de la violencia institucional debería ser asumida por el propio Luis Jorge Gamboa Olea, quien, “fue uno de los magistrados de la Sala que conoció del caso de la señora y omitió todas las inconsistencias del delito y las incongruencias que le imputaron, es una de las autoridades que omitió estudiar a fondo” su caso, pues afirman que desde que la detuvieron, hace un cuarto de siglo, nunca pudieron armar una acusación congruente en su contra. Así, María Luisa Villanueva se convirtió de impugnada en víctima de las instituciones y de los “impartidores” de justicia..
Quizá hizo mucho ruido pues ahora el Tribunal Superior de Justicia revocó la preliberación y la Fiscalía General del Estado giró una nueva orden de aprehensión en su contra, pues, supuestamente el juzgador no tenía la competencia para ordenar su salida de Atlacholoaya.
María Luisa dice que no tiene miedo de regresar a la cárcel de la que fue expulsada con violencia en febrero, que en su caso ahora también se incluye la confabulación de la Fiscalía con el poder judicial y que no cejará en demostrar su inocencia original y los abusos que sufrió -y que, al parecer, continúan- por parte de los impartidores y de las instituciones de justicia de nuestro estado. Para algunos, la violencia institucional parece ser la única forma de salir de los problemas que ellos mismos se causaron.
