Morelos sigue en los primeros lugares en materia de violencia feminicida. Más allá de las diferencias en los conteos entre colectivas y autoridades, las cifras reconocidas oficialmente ubican al año que está por terminar como el más violento contra las mujeres en la historia reciente de Morelos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoce 127 asesinatos dolosos de mujeres, de los que sólo 41 han sido tipificados como feminicidios. Es decir, sólo una de cada tres muertes provocadas intencionalmente ameritó que las autoridades responsables, ministerios públicos y juzgadores, las traten como el más alto grado de violencia de género sancionado por las leyes locales.
Las razones para las aparentes omisiones son muchas, desde la negligencia de las autoridades y un aparente afán de reducir artificialmente las cifras, como han denunciado feministas en todo el país, hasta carencias en la norma que no incluye todas las hipótesis posibles de la violencia en razón de género, permitiendo actuaciones fundadas en interpretaciones diversas de la norma.
Pese a la urgencia de revisar el tipo penal de feminicidio para mejorar las hipótesis con las que se finca, la tarea imperante sigue estando en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Cinco de los seis municipios morelenses incluidos entre los cien con más feminicidios en el país tienen Alerta de Violencia de Género decretada desde agosto de 2015; uno más, Huitzilac, fue recién incluido en noviembre pasado. Las deficiencias en el trabajo de las autoridades, la falta de coordinación, los escasos recursos destinados a atenderla, entre otros factores, no sólo han impedido que la violencia contra las mujeres se reduzca, tampoco han evitado su incremento a niveles jamás vistos.
Si bien la ola de violencia en Morelos ha tocado a todos los sectores, sería un error considerar que la de género responde a un ambiente generalizado. La que se ejerce contra las mujeres es una forma sui géneris de violencia en tanto es sistémica, es decir, aparece en todas les esferas y en todos los procesos sociales, solo por ello sería más identificable y prevenible pero, en cambio, se sigue normalizando.
Está probado que la violencia feminicida no se erradicará por decreto, ni por modificaciones aisladas a la legislación, tampoco por el incremento de penas a los agresores. La coordinación de todas las esferas y niveles del gobierno es indispensable, lo mismo que la participación de instituciones religiosas, educativas, médicas, empresariales que mantienen prácticas con agresiones de género intrínsecas; esto lo han repetido en todos los tonos e idiomas posibles quienes defienden el derecho de las mujeres a un ambiente de paz; desde hace mucho deberíamos haberlas escuchado.
