José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Ninguna persona debe ser desaparecida. Ni por el Estado, ni por particulares. Por eso duele e indigna que desde las alturas del poder se pretenda desaparecer a los desaparecidos. Ocultar las cifras reales no ayuda a esclarecer lo ocurrido con las personas que sufren cotidianamente esta realidad. Rechazamos la campaña de criminalización que hace el gobierno de López Obrador al Centro Prodh por el caso Ayotzinapa y exigimos que se abran todos los archivos militares al respecto de las desapariciones. Por eso es que las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa llevarán a cabo la acción global ciento once este 26 de diciembre, con el lema de que no lograrán dividirlos.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. No prescribe hasta que se conoce el paradero de la persona, se logra establecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Actualmente en el país existen más de 113 mil personas desaparecidas. A pesar de ello, el gobierno ha actualizado el registro nacional de personas desaparecidas, tomando la cifra de 110,964. Su informe señala que 16,681 fueron localizadas, 17,843 fueron ubicadas, 26,090 sin registro de datos suficientes para identificar, 36,022 sin indicios para la búsqueda y 12,377 confirmaciones de desaparición.
Preocupa que respecto de las 79,955 personas en las categorías “ubicadas”, “sin datos suficientes para identificar” y “sin indicios para la búsqueda”, el Estado deje de considerarlas desaparecidas y deje de emprender acciones de localización dejando la búsqueda en sus familias.
Acotar en 12,377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor. Se está empleando un criterio muy alto para dar por probada una desaparición, sin considerar desprotección de quien denuncia y subregistro.
Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, si no a las autoridades, que desde la aprobación de la Ley General en 2017 tienen el deber de llenar el registro con diligencia.
Lo fundamental debería ser utilizar todos los recursos del Estado para la búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas, ya que el Registro no es más que una herramienta de muchas otras para que no haya impunidad en este crimen de lesa humanidad.
Tenemos en Morelos el caso emblemático de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez.
El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez lo detuvieron en Cuautla por unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Fue el primer desaparecido durante el gobierno de Salinas de Gortari.
Por todo ello es necesario más que nunca luchar contra la práctica de la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición Forzada, el Comité ad hoc de la ONU que ya puede investigar casos ocurridos en nuestro país y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en 2017.
Si bien es cierto que hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policíacas y militares.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos consideramos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer Desapariciones Forzadas. Las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral, así como realizar análisis de contexto. Las autoridades con competencia deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas: las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados. Además de tener acceso a toda información, documentos, base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares. Es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado.
Aplicar los principios de la ONU en materia de Desaparición Forzada, poniendo en primer lugar la búsqueda en vida, ya que la presunción de que las personas desaparecidas están con vida en algún lugar, de manera forzada y no por su voluntad, implica dedicar recursos suficientes, tanto materiales como en capacidad científica profesional, así como que haya la voluntad política necesaria para derribar todos los obstáculos institucionales y se establezcan las garantías de no repetición. Es necesario seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr su erradicación, mediante una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos como lo es la desaparición forzada en la entidad. No hay democracia con desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
¡Porque amamos, luchamos!
