Gabriela Mendizábal Bermúdez* y Gloria Vivevos Viveros**
Diversos autores como Rubén Montalbán, Rosa Cobo e Isabel Molina señalan que el trabajo sexual es una de las ocupaciones más antiguas en la historia de la humanidad. Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2 y 4 millones de personas son víctimas de trata cada año a nivel mundial, de las cuales de 800,000 a 900,000 son trasladadas con el propósito de ser explotadas sexualmente. Esta actividad, cuando se realiza bajo coacción como parte de la trata de personas, constituye un delito atroz que no debe ser tolerado.
No obstante, existe un reducido grupo de personas que elige ejercer el trabajo sexual de forma voluntaria (aunque es necesario señalar si la elección fue voluntaria o influida por las circunstancias las condiciones de pobreza). Aun así, se considera una ocupación, que enfrenta discriminación debido a estigmas y juicios morales de la sociedad. Además, estas personas se enfrentan a problemas como enfermedades y su falta de atención médica, violencia psicológica y física y diversos riesgos laborales.
Por esa razón, con el propósito de recopilar datos sobre el número de trabajadores sexuales en Morelos, se solicitó esta información al INAI a través de varias dependencias. Hasta la fecha, solo CONAPO y el INEGI han respondido, indicando que no tienen la información requerida y esto nos alerta ya de una problemática grave, pues su vulnerabilidad no es lo suficientemente importante para contabilizarla, lo que les convierte en víctimas del gobierno.
El Estado ha intentado abordar la problemática mediante diversas campañas y programas de salud. Estos esfuerzos incluyen proporcionar acceso gratuito a pruebas de detección de anticuerpos para el VIH y la sífilis, distribuir condones, brindar vinculación confidencial a aquellas personas con resultados definitivos, además se implementó también una estrategia para respaldar la adherencia al tratamiento con el apoyo del IMSS Cuernavaca.[1] Sin embargo, estos servicios no son suficientes, pues las personas trabajadoras sexuales, además de presentar problemas de salud y enfermedades de transmisión sexual, también son vulnerables a otros riesgos sociales, como la vejez, o al igual que como cualquier otro trabajador sufren riesgos y enfermedades de trabajo dejándoles incapacitados para laborar. Auanado a lo anterior, son madres y padres de familia, con hijos a cargo que requieren también de cuidado en guarderías, atención médica y prestaciones económicas como las pensiones por orfandad en caso de fallecimeinto del sostén de la familia.
Por lo tanto, es crucial reconocer que las personas que trabajan en la industria del sexo deberían tener garantizada la seguridad social, al igual que cualquier otra persona y/o trabajador formal y este derecho humano debe garantizarse por el Estado creando mecanismos de forma inclusiva, sin importar el sexo, género, condición social o la naturaleza del trabajo que desempeñen.
[1] Cfr., Instituto Morelense IMPAJOVEN, Programa de Prevención del VIH y sífilis, en: https://juventud.morelos.gob.mx/.
*Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM.
**Estudiante de Maestría en Derecho en la FDYCS de la UAEM.
