Paloma Estrada Muñoz y Juliana García Quintanilla
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos les deseamos que estas fiestas de fin de año sean motivo de convivencia, alegría, amistad y para compartir reflexiones sobre lo que hemos vivido durante este año de 2023 en materia de Derechos Humanos en Morelos.
Valorar tanto los aspectos negativos y retrocesos que han afectado terriblemente en muchos aspectos la dignidad humana, nos permite también reconocer los avances que se han tenido en la lucha por hacer vigentes todos los derechos que se han conquistado mediante luchas a través de la historia y, sobre todo, proponernos cumplir los retos y desafíos del porvenir rumbo al próximo año 2024.
Uno de los aspectos más lacerantes que se han vivido en éstos 12 meses ha sido precisamente la violencia e inseguridad que se ha generalizado en Morelos. Los datos son verdaderamente preocupantes, sobre todo debido a las muertes violentas que se han acumulado en una escala muy superior a años anteriores. Los datos oficiales así lo muestran. La realidad, sin embargo, es mucho peor, ya que gran cantidad de hechos violentos no son denunciados ni llegan a las autoridades, por lo que las estadísticas reflejan en menor medida lo que se padece cotidianamente.
Aunque Morelos es una de las entidades más pequeñas del país, los datos oficiales del gobierno federal indican que ocupa la octava posición en homicidio doloso, ya que de enero a noviembre de 2023 se cuentan formalmente en 1,343 asesinatos dolosos. Durante el último mes del año se sigue incrementando esta cifra que está rompiendo niveles precedentes.
En este clima de violencia e inseguridad, el Feminicidio también tiene uno de los niveles más altos que hemos documentado desde hace 23 años en que iniciamos a denunciar el incremento de casos de muertes violentas de mujeres, que llevó a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013 con 530 casos de feminicidio, logrando que se estableciera el decreto de AVG para 8 municipios en agosto de 2015. Podemos asegurar con pleno conocimiento de causa, que de no haberse implementado algunas de las medidas de esta Alerta, los niveles de violencia feminicida serían aún peor, sin embargo, el incumplimiento de muchas de las medidas y acciones decretadas por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, no han logrado conseguir el objetivo de Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en Morelos. Por ello es por lo que se ha llegado a superar los 1,300 feminicidios en éstos 23 años. Los datos oficiales reconocen el incremento de muertes violentas de mujeres, sin embargo, únicamente reconoce como feminicidios un 32% del total que ocurren en Morelos, en contradicción con lo establecido en el Código Penal y en el protocolo de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado que establece el procedimiento de que se investigue toda muerte violenta de mujeres en principio como Feminicidio.
En materia de Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas se han logrado establecer avances importantes en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, para el establecimiento de Municipios Indígenas y se han reconocido Derechos Políticos a la Autonomía y Libre Determinación. Sin embargo, sigue pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta indígena realizada en Tetelcingo hace más de un año. Y si bien se presentaron avances en la elaboración del Protocolo para la Consulta Indígena en Alpuyeca, aún se está a la espera del proceso de elaboración del Dictamen para la creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, después de 4 años de haberse solicitado la iniciativa.
Los Derechos Laborales han estado bajo ataque debido a la continuación de políticas neoliberales que aplicaron gobiernos anteriores y que este régimen se comprometió a cambiar mediante la reforma laboral recientemente aprobada, tanto en materia de contratación colectiva como de libertad de afiliación sindical. Sin embargo, el mayor golpe ha sido la desaparición de la agencia de Noticias Notimex con el despido de más de 300 periodistas, quienes esperan su liquidación económica, golpeando al SUTNOTIMEX, como en su momento fue la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por Calderón al despedir a más de 44 mil trabajadores electricistas, por lo que ahora más de 16599 electricistas esperan su reinserción laboral en la CFE como se comprometió el actual gobierno de López Obrador. Un avance significativo fue preservar el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ante la iniciativa que pretendía desaparecer sus funciones sustantivas al integrarlo a la CONAGUA, por lo que se logró el respeto a los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. De igual manera, en Saint Gobain México ubicada en Cuautla, se logró democratizar el sindicato frente al “charrismo” sindical de la CTC en un primer momento, por lo que se está a la espera de una resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sobre las recientes elecciones sindicales.
La existencia de más de 113 mil 317 personas desaparecidas en todo el país es un verdadero drama para miles de familias, por lo que ha sido severamente cuestionada la estrategia oficial de disminuir la cifra a 12, 377 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin aplicar todos los instrumentos de búsqueda y localización, aunado al hecho de proteger al Ejército en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa al no entregar todos los archivos militares de la represión, lo que impide llegar a la verdad y la justicia que se requiere, así como su localización, para evitar que este crimen de Lesa Humanidad siga causando tanto dolor a sus familiares y al conjunto de la sociedad.
Estos y otros temas relevantes, como la militarización de la seguridad pública y el espionaje a organizaciones y periodistas, que han sido motivo de preocupación de instancias internacionales de defensa de Derechos Humanos, sobre todo cuando desde el poder presidencial se lanzan ataques y descalificaciones contra organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, muestran que las soluciones no vendrán desde las alturas del poder, sino de la capacidad de organización y lucha que se logre demostrar por parte del conjunto de la sociedad organizada desde abajo.
Nuevos retos y desafío están por venir el próximo año 2024 en cada uno de estos sectores de la sociedad, por lo que expresamos nuestra determinación de continuar la lucha, así como lo hemos hecho ya durante los 34 años de creación de la Comisión Independiente de Derecho Humanos, con nuestro lema que hoy más que nunca reivindicamos: ¡Porque amamos, luchamos!
