Contra la inseguridad, silencio e indolencia
Las cifras de incidencia delictiva para el 2023 que fueron dadas a conocer apenas este 16 de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, evidencian que la crisis de violencia en Morelos no es una bandera política, tema para posicionar agendas electorales, ni berrinche de los odiosos opositores a la administración de Cuauhtémoc Blanco. En el 2023 nuevamente se rompieron las marcas históricas de homicidios dolosos y feminicidios en el estado. Y no fue por unos cuantos, en el 2023 se registraron 25% más asesinatos y 37.5% más feminicidios.
A la luz del conteo público, que seguro se conocía desde mucho antes en el gobierno del estado, las declaraciones de los funcionarios del Ejecutivo con que “contratacan” a quienes consideran sus adversarios políticos lucen por lo menos extraordinariamente mezquinas, en tanto no mencionan a los miles de víctimas de crímenes en Morelos. Para los dolientes, el gobierno del estado no tiene más que esporádicos tweets de condolencias cuando la víctima causa impacto político. Entre feminicidios y homicidios dolosos en Morelos hubo casi mil 350 víctimas de asesinato, la mayor parte de ellos revictimizadas por la autoridad mediante discursos y procesos que las criminalizan buscando hacer olvidar que, detrás de cada una de las víctimas hay una vida, una historia, una familia que llora en alguna parte de Morelos.
Mientras tanto, los políticos se enfrascan en juegos de poder que distraen de la contundencia de los datos, de la realidad innegable, más de seis mil víctimas de asesinatos que siguen impunes cometidos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. La insuficiencia de la estrategia de seguridad impuesta por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la indolencia de muchos ayuntamientos que han preferido desentenderse del problema y la inoperancia de las fiscalías que resuelven en promedio apenas tres de cada cien casos de delitos denunciados en Morelos, pintan el peor de los mundos posibles, aderezado además con la indolencia de la clase política local que parece haberse olvidado de la función principal del Estado: salvaguardar la seguridad de quienes se han sometido a su mando, o en términos más simples, evitar que maten, roben, lesionen, defrauden, secuestren, violen o corrompan a las mujeres, niñas, hombres y niños.
Nadie, mucho menos el gobernador y su equipo deberían espantarse del tratamiento político que se da a la violencia en el estado. La tarea de la seguridad pública está reservada a los gobiernos y en tan sentido es eminentemente política. En todo caso, el reclamo para todos los actores políticos tendría que ir en la evidente falta de propuestas para abatir el crimen y sus muy perniciosos efector en la sociedad y la economía del estado.
La descripción de lo mal que estamos en materia de seguridad es una tarea del periodismo, los políticos tendrían que usar esas historias y datos para reparar o rediseñar las políticas públicas que nos han traído al escenario que hoy padecemos todos. A los medios de comunicación se les debe pedir que, en la medida de lo posible, den cuenta de la realidad; los políticos tendrían que avocarse a mejorarla.
Difícilmente podríamos identificar el origen de la crisis de inseguridad en Morelos a estas alturas; los datos son bastante fragmentados y la interpretación de los mismos puede parecer relativa. En 1998, por ejemplo, el entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea, tuvo que renunciar al cargo dadas las presiones federales que utilizaron la crisis de seguridad de entonces (marcada por una ola de secuestros y la colusión de algunos mandos policíacos con bandas criminales) para retirarlo. En el 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, los Estados Unidos cerraron sus fronteras, potenciando con ello el mercado de drogas y armas en México que dejó entonces de ser un país de tránsito para convertirse en uno fundamentalmente de consumo de narcóticos. Primero a mediados de los ochenta y luego en los noventa, una fuerte migración de la Ciudad de México a Morelos provocó el crecimiento acelerado de las ciudades, particularmente Cuernavaca y su zona conurbada, lo que provocó que los esquemas de protección ciudadana se quedaran cortos y obsoletos. A finales del 2006, Felipe Calderón, que apenas había rendido protesta como presidente hacía unos días mandó al Ejército a combatir a un grupo criminal en Michoacán, en el primer despliegue de lo que sería su guerra contra el narco.
Cualquiera podría escoger uno o todos esos puntos de partida para intuir el inicio de la crisis de seguridad que hoy nos aqueja.
Lo cierto es que cada administración, la violencia ha empeorado. También los parámetros de exigencia ciudadana aparentemente se han agotado o por lo menos, lucen francamente desgastados. Por menos de la mitad de los hechos violentos ocurridos en cualquiera de los años de la actual administración, los morelenses habrían exigido la renuncia del gobernador, los gobernadores anteriores habrían removido a los mandos policíacos y por lo menos un poco se habría paliado la violencia. Nada de eso ocurre ahora porque las marchas, las cartas, los pronunciamientos, las charlas en los cafés, las noticias en los medios, toda la ciudadanía carece de interlocutores, la clase política no escucha y el gobierno mucho menos.
El interés único ahora parece ser mantenerse en el poder, sin saber para qué sirve tal cosa.
@martinellito
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