Luis Raúl González Pérez*
El 15 de diciembre pasado el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque artero y cobarde cuando llegaba a su casa. Gracias al blindaje de su camioneta hoy seguimos contando con su pluma y voz, pues por la descripción y evidencia de los impactos de bala en el vehículo, tan deplorable episodio pudo tener consecuencias fatales. En artículo anterior en este espacio señalamos la importancia de defender la libertad de prensa ante la violencia que se ciñe sobre los medios y sus protagonistas, los comunicadores, que han hecho de la libertad de expresión su profesión.
A Ciro Gómez Leyva tengo el gusto de conocerlo desde finales de los noventa, periodista acucioso y crítico, puede uno coincidir o no con él, pero es congruente. Hemos coincidido mayormente en posturas, pero también discrepado, siempre argumentando, como debe ser todo debate de ideas. Quien comunica, ejerciendo la libertad de expresión, y lo hace con veracidad, enriquece el derecho a la información de los gobernados, siendo derechos instruméntales para el ejercicio de otros tantos derechos como los de carácter político. Y esa es la labor que como, Ciro, realiza el gremio periodístico, hoy amenazado por el poder de las balas.
Volvemos a señalar que el país enfrenta un problema mayúsculo que es el de violencia e inseguridad, en donde no escapa a ello la agresión a las y los comunicadores, donde 18 periodistas han sido privados de la vida este año, que no son solo cifras, son vidas humanas. Según la organización Artículo 19, en el primer semestre de 2022, también se registró 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación, siendo los Estados de la República con los mayores índices de agresión: Cuidad de México (49), Yucatán (30), Michoacán (30), Tamaulipas (21), Chiapas (20), Guerrero (17) y Veracruz (17). El atentado a Ciro Gómez, como el de todo comunicador no debe solo quedar en los registros crecientes de agresiones con su correlato de impunidad. El índice de impunidad en las agresiones a periodistas, reconocido por el responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, es mayor al 90%. Estas cifras son realidades que debemos revertir. La cifra que debe crecer es la de los casos esclarecidos y la de los responsables sentenciados por tales delitos.
La investigación de los hechos por parte de las fiscalías debe realizarse de manera pronta, objetiva, integral y eficaz y, desde luego, deben abordar todas las hipótesis, pero es primordial la indagación de las relacionadas con el ejercicio de la labor profesional de las y los comunicadores agredidos. Se debe garantizar el acceso a la justicia de los comunicadores, de no ocurrir así se les estará revictimizando.
El atentado a Ciro, debe llevar a la reflexión, sobre todo de las altas autoridades del país, federales y estatales, de que los discursos estigmatizantes, descalificantes y polarizantes no abonan a generar condiciones adecuadas para el ejercicio de una de las libertades que todo Estado Democrático de Derecho debe garantizar, por el contrario, propician un clima de animadversión que puede alentar este tipo de agresiones, porque lamentablemente habrá quien sienta o, píense equívocamente, que está autorizado a agredir, también quien piense que con ello, en medio de este clima, le causa un problema al gobierno federal o estatal, no podrá tampoco soslayarse a terceros, con poder fáctico como el crimen organizado afectados por sus investigaciones periodísticas, aprovechando el contexto político. A río revuelto ganancia de pescadores, dice la conseja popular. Hoy podría también decirse a río revuelto ganancia de los censores de la libertad de expresión.
La simple condena de los hechos por las autoridades no basta y no las exime de su deber. La ONU ha señalado en el plan de acción de seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad que, “la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas”. En tanto no se atiendan las causas que originen los ataques, se sancione a los responsables y se dejen atrás los discursos polarizantes, la tarea de prevención quedará inconclusa.
Una cosa es clara, si estos crímenes y atentados quedan en la impunidad, se estará socavando uno de los pilares de la democracia, continuará el debilitamiento del Estado de Derecho, subsistirá la crisis de derechos humanos y seguirá decayendo la confianza en las instituciones y sus autoridades.
*Especialista en Derechos Humanos
