La Alianza Morelense de Organizaciones a Favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su decepción ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, bajo la dirección de Cuauhtémoc Blanco Bravo, de las prerrogativas que les corresponden por derecho, especialmente tras el vencimiento del plazo para implementar las disposiciones de la nueva Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
Alejandro Gallardo López, miembro del Movimiento Nacional por la Inclusión Democrática, criticó que el gobernador no nombrara al Director General dentro del plazo de 180 días desde la entrada en vigor de la ley, plazo que expiró el 15 de enero de 2024, sin que se haya cumplido esta obligación.
“Continuamos observando en Morelos una constante falta de interés y de cumplimiento en muchos temas. El presupuesto aprobado por el Congreso ya asignó dos millones 500 mil pesos para este instituto, por lo tanto, solicitamos el cumplimiento de este cuarto transitorio. Además, proponemos al gobernador candidatos potenciales para ocupar la dirección”, informó Gallardo López.
Esta situación demuestra omisión y contravención a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, instrumento vinculante para México desde 2007.
“Es obligatorio nombrar a un titular en las direcciones de atención municipales, según la Ley Orgánica. Sin embargo, municipios como Xochitepec, Tlayacapan, Atlatlahucan, Zacualpan de Amilpas, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Tlaquiltenango, Emiliano Zapata y Yautepec han cumplido con esta disposición, mientras que los demás han sido omisos”, agregó.
Gallardo López lamentó el persistente desinterés y negligencia del Gobierno del Estado, los municipios y las autoridades en general, quienes no respetan ni garantizan los derechos de las personas con discapacidad, afectando a más de 370 mil morelenses, según datos del INEGI de 2020. Además, enfatizó que, según la ENADIS de 2017, Morelos es uno de los cinco estados con mayor incidencia de discriminación hacia este sector.
“También instamos a que en el próximo proceso electoral 2023-2024, las candidatas y candidatos respeten el derecho humano a la información pública respecto a los derechos de participación política de las personas con discapacidad. Esto incluye garantizar el acceso para personas con discapacidad motriz, intérpretes en Lengua de Señas Mexicana para personas con discapacidad auditiva, traducción al sistema braille para personas con discapacidad visual y documentos de ‘lectura fácil’ para personas con discapacidad intelectual en sus propuestas y eventos de campaña, aspecto que hasta ahora ningún aspirante ha considerado”, concluyó Gallardo López.
