José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Los derechos humanos forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde las sucesivas modificaciones constitucionales que establecen en su Artículo 1 la igualdad de derechos.
El artículo 1 de la Constitución señala que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, que son aquellos que están previstos tanto en el propio texto constitucional como en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.
Además, este artículo contempla dos importantes métodos de interpretación constitucional que son el principio pro-persona y el principio de interpretación conforme, así como el mandato para que ninguna persona sea discriminada por su origen étnico o nacional, religión, preferencia sexual, condición social, opiniones, entre otros.
Este avance legal ha sido producto de las luchas del pueblo mexicano durante décadas, a pesar de retrocesos introducidos por gobiernos neoliberales y privatizadores que han modificado en gran medida el objetivo de justicia social de esta Carta Magna. Por ello, resulta pertinente plantear la necesidad del establecimiento de un nuevo Constituyente que siente las bases de una nueva Constitución donde se logre plasmar el máximo avance en todos los aspectos de la vida digna para toda la población.
Recientemente se ha planteado una serie de reformas enviadas por el gobierno de López Obrador en medio de las polémicas que implican el actual proceso electoral en curso.
Al respecto, un documento del PRT establece algunos criterios que compartimos a continuación.
Se insiste en que se trata de la culminación del proyecto progresista del gobierno. Y se pone énfasis en aspectos como el tema de los salarios mínimos (no menores a la inflación) de la constitucionalización de programas sociales como las pensiones para adultos mayores, de la reforma de pensiones y jubilaciones. En general, diría AMLO, que con tantas reformas constitucionales se trata de recuperar el sentido social y de justicia presente en la Constitución de 1917 y que el neoliberalismo eliminó con sus propias reformas privatizadoras, antipopulares y reaccionarias.
Desmontar todo el entramado legal y constitucional del neoliberalismo sería un importante objetivo. De hecho, como lo señalamos en su momento, desde el triunfo de AMLO en 2018 con más de 30 millones de votos era el momento de lograrlo y no realizar reformas parciales y esperar hasta el final del sexenio para proponerlo.
Y el problema es que es discutible si estas 20 reformas constitucionales apuntan a recuperar el sentido social de la Constitución de 1917. Muchas son reformas parciales. Por ejemplo, en vez de la renacionalización de la industria eléctrica como ha planteado el movimiento, especialmente el SME, se propone recuperar el sentido de la reforma parcial recientemente rechazada por el Poder Judicial que con el 51% de la generación de la energía eléctrica por parte de la CFE la ven como «competencia desleal para la iniciativa privada y práctica monopólica». O la insistente propuesta militarista de poner a la Guardia Nacional abiertamente bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una propuesta que se contrapone al reclamo que, desde el movimiento, especialmente de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y en general por los derechos humanos, hemos insistido durante años, antes del gobierno de AMLO pero que en su momento como candidato presidencial apoyó: el regreso de los soldados a los cuarteles. Contra la militarización y el actual empoderamiento que el presidente realiza en favor de las fuerzas armadas colocándolos en diversos espacios del aparato del Estado (aduanas, aeropuertos, tren Maya, interoceánico, etc.) Y así con cada una de las 20 reformas propuestas, que iremos discutiendo por separado, que no necesariamente representan un giro hacia el sentido social supuestamente contenido en la Constitución de 1917. Cuando mucho en algunos casos reformas parciales que no afectan al conjunto del entramado neoliberal. Por ejemplo, muchos discuten las vías de financiamiento o su poca claridad para sostener y empujar los programas sociales propuestos, pero la reforma no incluye, que sí sería una medida radical contra el funcionamiento neoliberal, la suspensión del pago de la deuda pública.
Todas estas limitaciones y contradicciones del paquete de reformas son producto del hecho de usarlas como bandera de propaganda electoral para aumentar el voto de los partidos del gobierno, Morena y aliados. Que incluso tienen el riesgo de todos modos de no conseguir la mayoría calificada y por tanto que con esa excusa las promesas electorales queden (como sucedió con AMLO sobre el ejército y Ayotzinapa) solo como promesas incumplidas.
Por eso si se quiere desmantelar el entramado legal y constitucional heredado de los gobiernos neoliberales, la opción real es convocar, como propusimos en 2018 con los 30 millones de votos, a un nuevo Congreso Constituyente, elaborar una nueva Constitución que efectivamente rompa con el neoliberalismo. Una diputada de Morena dijo recientemente que con las 20 propuestas de AMLO se abre el camino a un nuevo pacto social. El nuevo pacto social se puede hacer realmente con un nuevo Congreso Constituyente y no con reformas parciales, contradictorias y continuadoras del neoliberalismo que se usan como instrumento electoral para el partido del gobierno.
Una transformación profunda de la realidad política, social y económica del país no puede quedarse en una polémica electoral, sino que debe movilizar a millones de personas capaces de recuperar la perspectiva histórica emancipadora en nuestro país.
