Administración de Cuauhtémoc Blanco, probable agresora del erario
Pues no fueron los tres mil millones de pesos en cuatro años que señalaba la senadora Lucy Meza, candidata ya de cuatro partidos coaligados a la gubernatura del estado; pero la Auditoría Superior de la Federación sí presume daños al erario superiores a los 710 millones de pesos cometidos por dependencias del Ejecutivo de Morelos en sólo una de las auditorías practicadas a la partida de participaciones federales a las entidades federativas, la del 2022.
Y si bien no es la escandalosa cantidad que la senadora planteaba, tampoco es morrallita que no haga bulto en el bolsillo. 710 millones de pesos servirían para equipar mil 183 escuelas de más de 151 alumnos mediante el programa gubernamental La Escuela es Nuestra, que destina hasta 600 mil pesos para equipo escolar y de oficina, material didáctico, deportivo, cultural y artístico, y equipamiento de seguridad y primeros auxilios. También podrían utilizarse para equipar casi 51 hospitales de regular tamaño de acuerdo con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana; 151 mil bultos de maíz elotero, o más de 394 mil de cacahuazintle: sirven para comprar 645 ambulancias nuevas, o mil 368 patrullas; o si se tratara de contratación de personal, 710 plazas de 66 mil 666 pesos mensuales de salario (aunque a esas habría que sumarles la carga social, así que a lo mejor quedarían sueldos de poco más de 40 mil pesos).
No son los tres mil millones de pesos que el gobierno estatal dice estar en proceso de aclaración, pero a final de cuentas sí los suman, porque a los como dos mil doscientos de los que el Ejecutivo junta comprobantes como quien regresa de gira y no quiere devolver sus viáticos, que se acumularon del 2019 a la segunda entrega del 2022, la Auditoría ya le añadió los 888 millones por aclarar (de los que 710 podrían ser un daño a la Hacienda Pública), así que a lo mejor la senadora le atinó con bastante cercanía a la cifra, aunque se adelantó como un mes en darla a conocer.
Claro que a lo mejor no es tanto. Faltará ver cuánto de los tres mil millones puede aclarar la administración de Cuauhtémoc Blanco antes de que se vaya, y qué cantidad es la realmente extraviada.
Por lo pronto, la presunción de daños multimillonarios al erario existe y toca a por lo menos ocho dependencias del Ejecutivo, algunas de ellas, por cierto, previamente señaladas por diputados, proveedores, cámaras empresariales y hasta ciudadanos como probablemente corruptas, como los Servicios de Salud Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Instituto de la Educación Básica, el Instituto de Infraestructura Educativa, la Oficina de la Gubernatura y sí, también el sistema DIF estatal.
Las faltas detectadas por la auditoría, por cierto, corresponden al gasto no justificado en múltiples contratos celebrados con terceros, algunos proveedores no cumplieron con los requisitos, algunas facturas tampoco, y otros contratos no tendrían que haberse concretado nunca. Lo que queda claro es que, si no hay un esquema de corrupción grave en la administración de Morelos, por lo menos hay un desaseo administrativo del tamaño de dos catedrales.
En términos de cantidades, la Auditoría revela que el 10% de la muestra de gasto auditada fue sujeta a observaciones (añadiríamos que, de ella, alrededor del 8.5% fue señalada como probable daño al erario), así que no se podría hablar de que todos los gastos del gobierno fueron irregulares. El problema ético es si puede haber un porcentaje de corrupción tolerable. Hay por lo menos 710.4 millones de razones que descartan la idea.
Y tampoco hay que ser malpensados y alegar que por eso se tramita tan eficientemente el que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco mantenga el fuero y no sea castigado por la corrupción en su régimen. Lo cierto es que resulta muy probable que ninguno de los responsables de las dependencias señaladas en el informe de auditoría vaya a gozar de ningún tipo de protección jurídica. El cobijo político es, por supuesto, otra cosa.
Cuauhtémoc Blanco estará ocupado esta semana en el análisis de si debe o no solicitar licencia a la gubernatura de Morelos para poderse postular a una diputación federal por el principio de Representación Proporcional, ese que la presidencia de la República quiere eliminar, pero por ahora sirve para colocar a sus aliados. Difícilmente, entonces, se preocupará por revisar el informe de la auditoría preguntar por los contratos señalados que además son más de 50 y vienen llenos de letras y tecnicismos. Así que es probable que sólo atienda a los señalamientos con un comunicado que trate de explicar que el problema no es tan grave y que se trata de una diferencia de criterios administrativo-contables entre las dependencias y la ASF, que se aclarará muy pronto.
Por lo pronto, ya algunos opositores del mandatario han señalado la necesidad de que, antes de partir a buscar continuar con una carrera política a la que probablemente tenga derecho, debe sentarse con los morelenses y aclarar muchas cosas, entre ellas, los señalamientos, bien documentados, que hace la Auditoría Superior de la Federación. El gobernador no lo hará porque sería subir a un cadalso y probablemente reduciría muchísimo su rentabilidad electoral (los jitomatazos no salen con cualquier detergente). Así que muy probablemente los morelenses nos quedemos esperando explicaciones, como siempre, de cómo y porqué las administraciones gubernamentales nos han salido tan convenientemente (para ellas) creativas en el uso de los recursos públicos.
Por lo pronto no sabemos qué enojará más a Cuauhtémoc Blanco y su equipo, si las pifias de su equipo al ejercer el gasto público, el que los reportes de la Auditoría Superior de la Federación sean públicos y estén a unos cuantos (a veces medio complicados clics de distancia), que se dé a conocer que algunas de sus dependencias consentidas son señaladas por probable daño al erario, o tal vez, y sólo aventuramos, que la senadora haya atinado casi totalmente a la cantidad observada por la auditoría a las cuentas del gobierno de Morelos.
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