LA DEMOCRACIA EN RIESGO
Por Teodoro Lavín
No cabe duda de que el querer controlar las elecciones es algo que desespera al ejecutivo federal, que no tenía como hacerlo, por lo que su nuevo “plan B” es para desmantelar parte del INE, lo que significará consecuencias realmente graves. Graves en el sentido de que lo mejor de la institución está en el servicio profesional electoral, y sobre todo en las juntas distritales ejecutivas, las que quiere eliminar, dejando a más de dos mil profesionales electorales sin trabajo, desde luego violando la Constitución. Y, de esa manera, prácticamente acabar con el INE para que los resultados de la próxima elección sean impugnables al no cumplirse en tiempo y forma con los requisitos que marca la ley.
El hacer desaparecer la secretaría ejecutiva que es el centro de control, o sea el corazón de la institución, implicará que, sin su funcionamiento, la descoordinación de los organismos electorales tanto federales como locales provocará un caos.
De que la reforma del “plan B” está pensada para acabar a la institución es una realidad, la verdad es que el jefe del ejecutivo no está de acuerdo con la existencia de los organismos autónomos independientes que no cumplen al pie de la letra sus instrucciones.
Debemos de tomar en cuenta que el 98% de los mexicanos tiene una mica, o sea una credencial con fotografía para votar, y una de las primeras trampas donde se pueden abultar los resultados es que ahora los extranjeros no necesitarán estar en el padrón electoral.
Además, es necesario recordar que para los cómputos definitivos, que se realizan en los 300 distritos, no hay suficiente personal en campo para entrega de paquetes (les quitan la posibilidad de entregarlos); de la misma manera, no hay personal de campo suficiente para coordinar trabajo de conteos rápidos o PREP, y debemos darnos cuenta de que en 2018 el recuento de 75% de los paquetes fue de 42,749,421 votos, y en el 2021 el recuento del 60% de los paquetes fue de 29,592,719 votos; por lo que, de realizarse el “plan B”, no habrá suficiente personal calificado para hacer cómputos y recuento; y no habrá vocales distritales de organización, lo que conllevará correr riesgos innecesarios y desatar una crisis política y de violencia. Pero, al parecer, de eso se trata el plan.
El servicio profesional electoral nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE.
A la fecha, el INE regula la organización y funcionamiento de este servicio mediante concurso público, acreditando evaluación y formación año con año; y ahora la reforma acabará con esos logros y se perderá la década y media de experiencia (en promedio). Hay que tomar en cuenta que ellos son quienes han hecho las 330 elecciones del INE, y el despido masivo trae consigo una violación de derechos laborales y acaba, según la propuesta, con que la rama administrativa ya no estará regulada por el Estatuto (eliminan art. 30, 4 LGIPE). ¿Y los derechos laborales de quiénes se quedan en el instituto?
El recorte propuesto es tan bestial que de 2,572 plazas actuales los órganos locales conservan 96 plazas de 358 organos distritales; conservan 300 plazas de 1,800 y no se pronuncia en cambio sobre las 41 plazas de oficinas centrales, las que sería más fácil de hacer desaparecer sin afectar la funcionalidad de la institución.
Con objeto de validar las precampañas que las “corcholatas” han venido realizando a lo largo y ancho del país, y en vista de que el INE tienen la capacidad de poder quitar la candidatura a quien viole la ley de manera flagrante (como ya lo hacen las “corcholatas”), ahora las disposiciones que se cambiarán permiten la propaganda gubernamental durante el proceso electoral, y no señala como actos anticipados de campaña la propaganda que realizan las “corcholatas” presidenciales, dándoles de esta manera plena impunidad para que las violaciones a la ley actual no se tomen en cuenta, y que el gobierno pueda influir de manera total a traves de la propaganda electoral en las campañas; además, de esta manera se permiten legalmente las “mañaneras” que, de acuerdo con la ley actual, no deberían de llevarse a cabo en la forma en que se desarrollan.
O sea que se trata de una modificación legal con el propósito de que el organismo electoral fracase en la eleccion del 2024. Entonces, desde la autoridad federal se señalará al INE como responsable del fracaso y así podrá hacerlo desaparecer, regresando al gobierno la funcion electoral; y el desorden en que se llevarán a cabo las elecciones será el caldo de cultivo para conservar el poder del gobierno aunque no tenga la mayoría de votos.
Más claro, ni el agua; las intenciones son evidentes y la impunidad que ofrece la reforma permitirá la corrupción electoral en toda su expresión. ¿No cree usted?
