Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz
Durante 2022 se mantuvieron las mismas estrategias de seguridad que han sido un rotundo fracaso en los gobiernos anteriores, ocasionando un cúmulo de violaciones a los derechos humanos.
Las reformas aprobadas por el Senado son las últimas de una serie de leyes e iniciativas que terminan de ceder el control a los militares en el desempeño de funciones de seguridad pública en México desde 2006, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”. Este enfoque militarizado de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el ejército y la marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La SEDENA ha sido objeto de más de 4,000 quejas por abusos contra los derechos humanos desde 2014.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos hemos advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida. México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años. Los homicidios se han incrementado 218%, entre 2006 y 2022; en 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97% de las más de 105 mil personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
Miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad.
Las investigaciones entre los ataques a las personas demostraron que las mujeres también fueron parte del ataque a la violencia, ya que a principios de la década del 2000 tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego. Para 2021, fueron seis de cada 10. En cuanto al ataque a la comunidad LGBT+ quienes más sufren el golpe son las mujeres trans en situación de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, siendo ellas las que encabezan las cifras de violencia letal con arma de fuego. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, dos de cada 10 mujeres detenidas por la marina son violadas. La misma suerte corre una de cada 10 mujeres que arresta el ejército.
En la comunidad indígena también se vivió violencia como en el caso de las indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron víctimas de violencia sexual por miembros del ejército en el estado de Guerrero. Se trata de pueblos que han logrado sacar al crimen organizado de sus comunidades con éxito, como Cherán; que han logrado proteger bosques y selvas frente a la ambición de la tala ilegal y armada, como Milpa Alta; se trata de mujeres y hombres que se han hecho expertos en la búsqueda de desaparecidas y culpables de asesinatos, son campesinos e indígenas que ahora mismo defienden los pocos ríos y manantiales que quedan en el país, como los Yaquis y los Mayas. Toda esta gente está dando su vida en la primera línea por la seguridad del país y está luchando frente a grupos criminales fuertemente armados.
México enfrenta retos importantes en materia de seguridad y violencia, como los relacionados con la delincuencia organizada y la colusión entre la criminalidad y algunas autoridades. La estrategia de seguridad desplegada desde el 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible y ha provocado graves violaciones a derechos humanos por elementos de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, la mayoría de las cuales permanecen impunes.
En el tema migratorio no ha sido menor el papel de la militarización, ya que en los primeros 7 meses de 2022 las fuerzas de seguridad detuvieron a 206,885 migrantes, 985 por día, la cifra más alta no registrada con anterioridad, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración. El número de solicitantes de condición de refugiados también se incrementó y llegó a un número récord de 130,863 personas en 2021, la tercera cantidad más elevada a nivel mundial, de acuerdo a los datos de ACNUR México (Agencia de la ONU para los Refugiados en México). La crisis humanitaria de la migración, por la que millones de personas son obligadas a huir de sus hogares, por la miseria o por la violencia prevaleciente, no será resuelta con la militarización, sino con políticas que garanticen que nadie es ilegal y que toda persona migrante debe tener derechos en cualquier parte del mundo.
La violencia cotidiana e inseguridad es inaceptable y se requiere atender las causas estructurales que la propician. En todo Morelos y en el país, hoy más que nunca hacia el 2023, se requiere una estrategia de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.
