En la semana santa que pasó se produjo un evento que impactó a la sociedad mexicana: la indignante y absurda muerte de una pequeña de ocho años, ocurrida en Taxco, Guerrero y, el posterior linchamiento por parte de los pobladores, de tres personas señaladas como perpetradores del crimen, que derivó en la muerte de una mujer. El horror de los dos hechos conectados entre sí ha generado reacciones diversas en la gente.
Por supuesto, es reprobable el delito cometido en contra de una niña, y debe ser sancionado con extremo rigor. No puede haber impunidad. Es entendible la exigencia de justicia. Al respecto, es imprescindible se cumplan todas las formalidades del procedimiento y respetar derechos humanos, para no llevarnos una sorpresa.
Me detengo en el otro extremo, el del linchamiento cometido. Se trata de un acto de barbarie, que se traduce en “hacer justicia por propia mano”, en este caso una mano colectiva y anónima, lo cual, con independencia de estar prohibido en la Constitución, es inadmisible desde cualquier óptica que se le vea, más allá de lo jurídico. Un linchamiento es un desafío al Estado de Derecho, que se produce ante el hartazgo social por la violencia que se vive y la desconfianza en las autoridades. El riesgo de que ocurran linchamientos es que se haga añicos el escudo que representan los derechos humanos para la sociedad. La impunidad que suele presentarse puede acarrear que se desvanezca el inhibidor social que evita esas conductas y que se mantenga la falsa creencia de que es válida y permitida la justicia de la gente.
Ante esto, la única alternativa es que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en todo el país, asuman que una situación como la ocurrida no puede repetirse y que la tendencia del incremento de casos debe ser motivo de alerta extrema que requiere ser atendida en lo inmediato, de manera firme y a fondo. Es ineludible sancionar con ejemplaridad a los instigadores del linchamiento (que por lo general son identificables). Está en juego la viabilidad de la armonía social, el respeto a la ley, la credibilidad del Estado y la vigencia de los derechos humanos. No es cosa menor.
En 2017, la CNDH investigó por vez primera un linchamiento. La premisa es que esos eventos producen violaciones a derechos humanos. Me correspondió encabezar la investigación de los hechos, cuyo resultado está plasmado en la Recomendación 78/2017. Dos jóvenes fueron linchados y quemados por una turba en Ajalpan, Puebla, cuando realizaban encuestas y fueron señalados como sospechosos de ser secuestradores. Ante lo inédito de la investigación se hizo un análisis de contexto donde se identificaron los factores que producen los linchamientos (abandono o ausencia de autoridad, inseguridad, desigualdad social, inacción de autoridades al ocurrir ese tipo de sucesos); se elaboró una definición del hecho; se precisaron los tres momentos que se presentan (antes, durante y después del evento); se señalaron las obligaciones específicas del Estado y se detallaron los dos derechos humanos fundamentales violentados (derecho a la seguridad pública y derecho a la seguridad jurídica), amén de otros que se pueden violar, como el de la vida o el de la integridad de las personas.
Esa Recomendación fue previa al Informe Especial sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional, de mayo de 2019, elaborado por la CNDH, presidida por el Dr. Luis Raúl González Pérez, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, encabezado en ese entonces por el Dr. Miguel Armando López Leyva, ahora Coordinador de Humanidades de la propia Alma Mater. Desde su publicación, el Informe ha sido referente de consulta obligada.
El Informe muestra cómo el país se ha teñido de casos en todas las entidades federativas y ha ido en aumento, año con año. Entre los datos que se desprenden del Informe están los resultados de la aplicación de encuestas de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia vecinal, que arrojan datos escalofriantes: el 77% de los encuestados está de acuerdo en golpear a una persona cuando es sorprendida en un acto delictivo. Urge contrarrestar esa percepción.
Acorde a uno de sus fines primordiales, la de plantear esquemas de solución a los grandes problemas nacionales, la UNAM incluyó en el Informe en cuestión propuestas específicas dirigidas a autoridades de los tres niveles de gobierno, a manera de camino a seguir, en cuatro vertientes: I. Registro de información oficial (no la hay; fue necesario la revisión de los periódicos); 2. Cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos; 3. Cultura de la legalidad, de la denuncia y de los derechos humanos y 4. Materia de política criminal y cultura de la prevención.
No hay pretexto, las autoridades responsables deben encarar la problemática de los linchamientos. La hoja de ruta esta trazada en el Informe CNDH-UNAM. No tienen excusa para no tomar cartas en el asunto, ni pueden seguir mirando para otro lado.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
eguadarramal@gmail.com
