I de IV partes
Gustavo Yitzaack Garibay López
La crisis de las instituciones culturales morelenses nos obliga al análisis de aquellos factores que han propiciado esa debacle. Atribuir todo a la ignorancia de quienes gobiernan, los terminaría por eximir moralmente de responsabilidades. En un país en donde sigue reinando la impunidad y la desmemoria, no podemos darnos el lujo de omitir el juicio que infiere el valo0r de la pregunta. Surgen, por lo menos, tres preguntas: ¿cuál es la visión o enfoque cultural del actual gobierno del estado de Morelos? ¿dónde está el sector cultural para exigir el cumplimiento de los compromisos que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco asumió a través de la Secretaría de Turismo y Cultura? ¿por qué la población no exige que el Estado garantice sus derechos culturales? Me propongo indagar las respuestas en este y dos entregas más, para cerrar conclusiones en un cuarto artículo.
El 16 de abril de 2019, en el número 5697, Segunda Sección, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fue publicado el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del estado de Morelos. En él se recogen las propuestas de las personas que acudieron a los foros de consulta, que como lo comunicó la Secretaría de Turismo y Cultura, la opinión se nutrió de una híbrida pluralidad entre los sectores cultural y turístico: “líderes de asociaciones empresariales, organizaciones sociales, instituciones educativas y de investigación; instituciones gubernamentales, ayuntamientos, agentes de viajes, tour operadores, balnearistas, guías turísticos, promotores y gestores culturales, artistas, maestros artesanos, talleristas, y diversos miembros de la sociedad civil”. Los foros, realizados en Oaxtepec, municipio de Yautepec, y en Cuautla fueron un gesto político de descentralización del debate cultural casi siempre centralizado a la opinión del históricamente privilegiado sector cultural de Cuernavaca.
No sin diferencias y suspicacias provocadas por el descontento del sector ante la compleja fusión Turismo-Cultura, y el rezago de pagos a talleristas o el maltrato al sector cultural morelense por parte de la otrora Secretaría de Cultura del graquismo, ese ejercicio de gobernanza, que mandata la Constitución Morelense y reglamenta la Ley Estatal de Planeación, permitió la elaboración de un diagnóstico cultural -ciertamente deficiente en términos cuantitativos y cualitativos- y la identificación de problemáticas y necesidades específicas -poco sistemáticas en términos estructurales, pero honestas-. Esto, a su vez, sirvió de base para el diseño de objetivos, políticas, principios, estrategias y líneas de acción aterrizados en el Programa Sectorial de Turismo y Cultura, publicado cuatro meses después, el 14 de agosto de 2019, en el número 5735del (POTyL). Lo más relevante del documento es que en él se enuncian 6 proyectos de Turismo, y 7 de Cultura, que son los que aquí importan: 1.-Proteger y conservar el patrimonio cultural, 2.-Garantizar el ejercicio de los derechos culturales, 3.-Fortalecer la infraestructura artística y cultural, 4.-Fortalecer las actividades culturales y artísticas, 5.-Desarrollar y fortalecer empresas culturales, 6.-Promover y difundir el patrimonio cultural, y 7.-Fortalecer la normatividad trascendencia de políticas culturales.
La entonces secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia se enfrentó al desgaste de las relaciones entre el sector y la anterior secretaria de cultura Cristina Faesler, a la deuda del impago de más de mil trecientos contratos, así como a los retos de la reingeniería institucional, a la conformación de un equipo integrado por sobrevivientes del Instituto de Cultura, la Secretaría de Cultura, y nuevas adquisiciones, algunas sin experiencia, otras talentosas, y aquellas que -como hasta ahora- han sido el resultado del pago de cuotas, aviadores, ejemplos de prepotencia y mediocridad.
Dada la experiencia de Margarita en el sector turístico y su personalidad conciliadora, quizá lo más complejo de todo fue lidiar con el desinterés del gobernador Cuauhtémoc Blanco y su equipo, conformado en sus entrañas por gente vinculada a gobiernos de Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México, señalados, acusados e investigados por peculado. Si obras son amores y no palabras, el presupuesto asignado constituye una evidencia absoluta: 30 millones en 2019(etiquetados por el graquismo), 10 millones en 2020, y vino la pandemia y los cambios, de los que hablaremos en la siguiente entrega.
